«La paradoja mayor del golpe del 18 de julio, es que esta sublevación militar ´preventiva´ para impedir una revolución, acabó facilitando lo que quería evitar», asegura Javier Navarro, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de Valencia e investigador del movimiento obrero. La rebelión genera, prosigue, «el desmoronamiento del Estado, que se queda sin fuerzas para conservar el orden público: El Ejército en Valencia, ante la sublevación de gran parte de la oficialidad, está sumido en la indefinición, con lo que no se puede contar con él como fuerza de represión, y tampoco se sabe si se puede contar con los cuerpos policiales, como la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Ante este vacío de poder las fuerzas obreras y antifascistas toman las calles en forma de comités revolucionarios».
Navarro defiende que a la hora analizar el fracaso del golpe en Valencia hay que situar en un primer plano «la movilización del movimiento obrero» contra la asonada. Los sindicatos tenían una gran afiliación en la Valencia aquellos años, donde en la convulsa década de los 30 «todos los partidos tenían grupos de defensa armados». La CNT y la UGT «eran las fuerzas sindicales más importantes en la ciudad de Valencia, siendo la organización libertaria un poco más numerosa». Su influencia, añade Navarro, varía según oficios y barrios. Así, el sindicato anarquista tenía su feudo en el puerto, mientras que la UGT dominaba en el sector de la metalurgia.
Los excesos del «Terror rojo»
Para el historiador, la Revolución de julio que vivió Valencia, tras la sublevación y el posterior asalto a los cuarteles de la Alameda protagonizado por las fuerzas obreras, «dio lugar a transformaciones revolucionarias muy profundas en la ciudad, como las colectivizaciones industriales, especialmente el caso de los astilleros de Unión Naval de Levante».
«Fue una revolución, y como tal tuvo sus excesos», admite el historiador. Un reverso tenebroso que tuvo su lado más amargo en los asesinatos e incautaciones. El principal investigador de la represión en la C. Valenciana, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, el historiador Vicent Gabarda, enumera 4.715 personas asesinadas o ejecutadas en las tres provincias valencianas desde el 18 de julio de 1936 hasta el final de la guerra, frente a 4.434 fusilamientos de posguerra.
Gabarda, en su libro «La represión en la retaguardia republicana (1936-1939)», enumera 872 personas asesinadas entre julio del 36 y marzo del 39 solo en Valencia ciudad. La mayoría de estas muertes violentas, el 87%, se producen entre el estallido de la sublevación militar y el traslado del Gobierno de la República a Valencia, en noviembre de 1936, que comienza a «recortar el proceso revolucionario e imponer la legalidad republicana».
Casi la mitad de los 614 ejecutados durante los tres meses más sangrientos del «Terror rojo» —agosto, septiembre y octubre del 36— son militares o civiles acusados de estar implicados en el golpe (142 personas), y religiosos (137 muertos). Navarro apunta que los mayores episodios de violencia revolucionaria «suelen corresponderse con sucesos represivos que están pasando en el bando sublevado, que aumentan las ansias de venganza». Y pone como ejemplo la Matanza de Badajoz, ocurrida entre el 14 y 15 de agosto, cuando las tropas sublevadas lideradas por el general Yagüe fusilan a entre 1.800 y 4.000 personas acusadas de ser de izquierdas. Dos tercios de las 220 ejecuciones y asesinatos cometidos en Valencia durante aquel sangriento agosto tienen lugar tras los hechos de la ciudad extremeña.
