Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Nunca mejor dicho. El empresario y estrecho allegado de Zaplana, José Carlos Paz Figueroa, facturará a la Conselleria de Sanidad alrededor de 250 millones de euros en diez años: de 2008 a 2018. Tan desorbitada cantidad corresponde a la privatización de tres prestaciones sanitarias que el amigo del expresidente de la Generalitat gestiona prácticamente sin competencia alguna en la provincia de Alicante, como si se tratara de un monopolio: las resonancias, la oncología y el plan de choque.
Paz debe la mayor parte de su gran desarrollo empresarial a la iniciativa que en el año 2000 puso en marcha el exministro y actual delegado de Telefónica en Europa, Eduardo Zaplana, al delegar en la empresa privada la adquisición y gestión de los equipos de Resonancia Magnética, que ya apuntaban como el bocado más suculento de las prestaciones sanitarias de la Comunitat Valenciana.
Bajo la excusa de «ahorrar» en la compra, mantenimiento y renovación de los costosos equipos,
—entonces se argumentó que la inversión para las arcas públicas sería muy costosa y deficitaria con el tiempo—, Zaplana dio el paso crucial en la tan aireada colaboración «pública-privada» que en estos años se ha traducido en el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias y en el déficit, cada vez más acuciante, de la Generalitat.
Carlos Paz entró en la UTE que ganó el primer concurso de Resonancia Magnética de la Conselleria de Sanidad con la Clínica Benidorm de la que era gerente. Las exploraciones de Alicante representaban el 30% del concurso que en 2000 se adjudicó por 21.000 millones de pesetas (130 millones de euros) y que ocho años después se convirtieron en 45.000 millones (270 millones de euros) lo compartió con la empresa Inscanner, S. L., del entonces diputado del PP y presidente de la Comisión de Sanidad de las Corts, Luis de la Concepción que falleció en noviembre de 2008.
De aquel primer concurso, ambas empresas facturaron a la conselleria unos 81 millones de euros, la mayor parte la gestionó el empresario amigo de Zaplana ya que en abril de 2005 decidió adquirir Inscanner, S. L., sin que el cambio de accionariado afectara a la tramitación del concurso, según indicó el entonces conseller Vicente Rambla.
Desde hace seis años, Paz Figueroa tiene el monopolio de todas las resonancias que se hacen en Alicante, ya que del segundo concurso que se adjudicó en 2008 a la UTE Erescanner, S. L., por diez años y 497 millones de euros, él se queda con el territorio del sur de la Comunitat a través de sus dos empresas: Beanaca, S. A., de la que es administrador, e Inscanner, S. A., que administra su hija Ana María Paz Brown, lo que representa el 36,5% de la facturación total del concurso, que al finalizar le habrá reportado 181,4 millones si se mantiene el número de prestaciones acordadas.
En 2007, el entonces conseller de Sanidad, Rafael Blasco, ya se jactaba de que en la Comunitat Valenciana se realizaban el triple de pruebas que la media española.
La exigencia de los directivos del hospital de San Joan en contar con un equipo propio de Resonancia para atender a sus usuarios y a otros de la zona ha sido descartada momentáneamente por la conselleria, a pesar de que la negociación se inició hace cuatro años.
Por este motivo, casi 7.000 pacientes del área se desplazan cada año a los centros privados de Paz y al hospital General, para una exploración.
El empresario amigo de Zaplana se hizo también con el contrato del plan de choque de las operaciones de lista de espera de los hospitales públicos de Alicante que se realizan en los quirófanos del Hospital Clínica Benidorm, propiedad de Paz.
Pero todavía queda una tercera y suculenta fuente de ingresos para las empresas de Paz: la asistencia oncológica que se presta en el Hospital Clínica Benidorm, que la Conselleria de Sanidad adjudicó en mayo de 2005 a la empresa Beanaca por 3 millones por cubrir la asistencia hasta final de año (6 meses), lo que se traduce en 6 millones al año. El contrato se renueva cada ejercicio. De momento, ya ha facturado 63 millones.
Un ahorro del 30 % en las pruebas cuando el equipo es público
Tener un equipo propio de Resonancia Magnética en el hospital de San Juan, como reclama la dirección del centro desde hace cuatro años y la conselleria lleva prometiendo desde hace dos, ahorraría entre un 25 y un 30 % el coste de estas exploraciones. La rentabilidad del equipo sería similar a la que obtiene el servicio de Radiología del hospital Doctor Peset de Valencia, que es el único centro de titularidad pública que tiene un equipo propio.
El coste de las pruebas en este centro hospitalario es la mitad de lo que se abona por hacerlo en alguna de las cuatro empresas de la UTE Erescanner, S. L., adjudicataria del millonario concurso de 2008 a 2018: Eresa, Ribera Salud, Beanaca, S. A., e Inscanner, S. L.
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, declaró hace unos días a una pregunta de este periódico sobre el desmesurado gasto en este tipo de prestaciones que aplicará un plan de vigilancia, aunque no lo precisó.
El pliego del concurso detalla que mientras el número de exploraciones se mantenga dentro de la franja de 50 pruebas por mil habitantes, la conselleria respetará el precio señalado, pero si aumentan de 50 a 60, la Administración reducirá el precio en un 20 % a las que se excedan de la cifra acordada, y cuando se superen las 60, la reducción será de un 40 %.
Por otra parte, el dato que facilitó la Conselleria de Sanidad a este periódico el viernes pasado respecto al coste anual de resonancias en la Comunitat Valenciana, que lo cifró en 40 millones no coincide con el que se indica en el pliego que establece que en 2009 se dedicarían 40 millones de euros, en 2010 un total de 42 millones y en 2011 un montante de 44,1 millones. Para 2012 Sanidad preve dedicar a esta partida 46,3 millones; para 2013, 48,2; para 2014, un total de 51 millones; para 2015, 53,6; para 2016, un total 56,2 millones de euros, para 2017, 59 millones y para, 2017 un total de 46,5.
El delegado de CC OO en la comarca de l´Alacantí, Salvador Roig i Martí, manifestó a este periódico la licitación y adjudicación de este concurso, «ha hipotecado la decisión de revertir la prestación».
«Una de las consecuencias de la privatización es que induce la demanda técnica, lo que dispara los costes», declaró Roig.
En el año 2008, en la Comunitat Valenciana se hacían 70 pruebas de resonancia por mil habitantes mientras que en el promedio de Estado se realizaban 35.
Hay que destacar que se quedan fuera del concurso todos los departamentos que tienen el hospital en concesión administrativa como el de la Ribera, Torrevieja, Denia y Manises, así como los de las tres diputaciones, que equivale a 1,5 millones de habitantes menos atendidos por las empresas del concurso y aumenta el coste de la prueba por parte de la UTE.
