Ni se han vulnerado los derechos de los investigados, ni se ha promovido una persecución orquestada por la Policía y el fiscal, ni las prórrogas de las intervenciones telefónicas se han basado en meras conjeturas, ni se podía actuar de otro modo para averiguar si los imputados/implicados en esta pieza separada del caso Brugal, entre los que se encuentra la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el anterior regidor, Luis Díaz Alperi, facilitaron información privilegiada al empresario Enrique Ortiz sobre el planeamiento urbano de Alicante, que es lo que se está investigando. Y además, de lo indagado hasta ahora, se puede afirmar que hay indicios de delito.
El juez Manrique Tejada, instructor de este proceso, puede decirlo más alto, pero no más claro. En un auto notificado ayer a las partes, el magistrado no sólo valida la totalidad de las intervenciones telefónicas sino que respalda por completo la investigación en un caso en el que desde el principio se ha intentado sembrar dudas acerca de la actuación de la Policía y del fiscal, así como sobre los supuestos motivos espurios que habrían motivado las pesquisas que se están llevando a cabo a raiz de intervenirse las comunicaciones a Ortiz, cuya nulidad se solicitaba.
Aún cuando, como refleja el magistrado, no era éste el momento procesal oportuno para plantear la vulneración de derechos a la que aluden los recurrentes (Ortiz y su mujer así como el hermano de la alcaldesa y su socio, Javier Gutiérrez), Tejada no ha querido dejar de pronunciarse sobre esta cuestión desestimando los recursos presentados y apostillando que tal vulneración de derechos "no es patente y ostensible sino discutible para las partes, e inexistente para este instructor".
En contra de la postura adoptada por su colega de Orihuela, Carlos San Martín, quien invalidó una buena parte de las escuchas del Brugal relativas al plan zonal de basuras de la Vega Baja en un proceso en el que, entre otros, también está implicado Ortiz además del expresidente de la Diputación y actual responsable del Puerto, José Joaquín Ripoll, el magistrado de Alicante que indaga el presunto amaño del PGOU considera que "las intervenciones telefónicas (...) eran el medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto, eran necesarias por no existir otro medio más moderado para averiguar la posible influencia, injerencia delictiva en la redacción de instrumentos de planeamiento territorial público, y era una medida que proporcionaba más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto, también más beneficios que perjuicios para el Estado de Derecho".
Y por si quedaban dudas en cuanto a la motivación de las escuchas matiza que "la medida de intervención telefónica no es posterior al descubrimiento del delito sino que se adopta para la averiguación y la identificación de sus autores, lo que significa que, a diferencia de otras resoluciones, como el auto de procesamiento, el grado de solidez de los datos fácticos justificativos de la medida no se exige de un modo tan intenso".
En base a esta argumentación, Manrique Tejada es tajante al aseverar que "no cabe admitir en modo alguno que en esta causa se haya llevado a cabo una investigación prospectiva sustentada en meras conjeturas, antes bien al contrario, de las diligencias practicadas (...) se infiere que la interceptación telefónica acordada sobre el teléfono del señor Ortiz se realizó sobre la base de indicios delictivos suficientes para decretarla". A renglón seguido justifica también el magistrado la intervención del número de la mujer del empresario, también imputada, porque se capta una conversación de Ortiz en la que dice que va a utilizar ese terminal durante el verano y porque, según precisa el juez, "la señora Carratalá colabora con su cónyuge en las actividades investigadas y presuntamente delictivas".
Un caso que será remitido al TSJCV
A igual que en su día ocurrió con el denominado caso de los aparcamientos o con el desfalco en Mercalicante, cuando la condición de aforado de Luis Díaz Alperi tras ser elegido diputado autonómico obligó a enviar ambos asuntos al Tribunal Superior, todo parece indicar, a tenor del contenido del auto de Manrique Tejada, en el que habla de indicios de delito, que también este asunto acabará en el máximo órgano judicial de la Comunidad por la presencia, en calidad aún de implicados, de Alperi y de la alcaldesa de la ciudad. Es allí donde, de así estimarse, Alperi y Castedo serían imputados y donde se juzgará también al resto de los imputados.
