A la Generalitat Valenciana no paran de salirse hijos de todas las edades, condiciones y estado de salud, aunque los que más llaman al timbre de este inquebrantable hogar oficial son los que llegan con alguna enfermedad mental o discapacidad. En los últimos cuatro años, la tutelas de este grupo de personas han crecido un 40 %, y no porque ahora haya más afectados con esquizofrenia o trastorno bipolar que en 2008, que es cuando el iceberg de la protección oficial empezó a despuntar, sino porque la estrechez económica aprieta de tal manera a los padres y a los familiares que seis de ellos se ven forzados cada mes a renunciar a la patria potestad del hijo o a la tutela del hermano, primo o sobrino en favor de la Administración.
Detrás de las ochenta renuncias que se producen cada año, desde hace cuatro, se cuece un intenso drama emocional que viven muy de cerca los directores de las residencias y centros donde están internados las personas con enfermedad mental y discapacidad.
Aunque las razones económicas no son válidas para delegar la patria potestad de una persona con sus capacidades mentales disminuidas en la Administración, es lo que frecuentemente se esconde tras las enmascaradas manifestaciones de rechazo hacia el hijo que las familias hacen públicas en las vistas orales ante los valedores de la ley, ya que solo se puede renunciar a la patria potestad o a la tutela por enfermedad, problemas emocionales o psicológicos.
Frases como «No quiero vivir con él» o «no quiero ocuparme de él», que la madre o el padre tienen que pronunciar durante la celebración del juicio ante el hijo o la hija que, aunque esté incapacitado judicialmente, escucha lo que se dice, lo siente y lo sufre en silencio es otra de las caras ocultas del desahucio emocional que ocasiona la falta de recursos, trabajo y dinero. Cuando las cuentas no salen, el corazón se encoge.
Para un incapacitado estar tutelado por la Generalitat es sinónimo de cobrar el importe máximo de la Prestación Económica Individual (PEI) que son 1.400 euros al mes, mientras que si es atendido en la casa familiar el importe de la ayuda es menor, de 700 a 1.000 euros.
La pensión no contributiva que reciben oscila entre los 339 y 360 euros al mes, mientras que el precio de una plaza en una residencia específica para personas con enfermedad mental y discapacidad cuesta de 2.200 a 2.400.
¿Qué ocurre entonces?
Que el importe del PEI y la pensión no dan para pagar la factura mensual de la residencia por lo que las familias —que se ven abocadas a ingresar a su familiar por no poder manejarlos en el domicilio— tienen que abonar la diferencia, que pueden ser de unos 800 a 900 euros al mes, de su bolsillo, cada vez más escaso.
Sin embargo, si la tutela del incapacitado está en manos de la Generalitat, es la Administración la que acarrea con todos los gastos, los institucionales y los personales (gafas, ropa...). Y este es el motivo más frecuente del aumento de los casos de tutelas por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, según informaron a Levante-EMV los miembros de la Comisión de Enfermos Mentales y Discapacidad de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).
«El 95 % de usuarios —expresaron— no proviene de un estatus muy alto y no pueden pagar todos los meses los 600, 800 o 900 euros que es la diferencia entre lo que perciben y lo que cuesta que su hijo, hermano o cuñado esté ingresado en un centro, por eso lo más sencillo es renunciar a la tutela para que la asuma la Generalitat».
Otro factor que también ha influido es la congelación de las ayudas del PEI en 2008, «a partir de entonces es cuando empiezan a aumentar las solicitudes a la conselleria, porque ya no podían pagar».
En estos momentos la Generalitat Valenciana mantiene a una extensísima prole de 5.380 tutelados, 1.278 de ellos son personas con enfermedad mental y otros 4.102, menores (576 extranjeros). Para estar tutelado hay que estar incapacitado (no en el caso de los niños, que la decisión se adopta para proteger al menor). El internamiento de un incapacitado en un centro solo se puede hacer por orden judicial.
«Hoy empiezo a vivir»
Los portavoces de Aerte destacaron que las familias de gran parte de los internos tutelados se ocupan de ellos y van a verlos. No obstante, además de las razones económicas que son de peso, muchas familias otorgan la tutela por puro desgaste emocional y al no poder sobrellevar la situación. «He tenido padres que me han dicho: ‘Hoy empiezo a vivir porque sé que está aqui’,», expresó Raquel Llop, directora de un centro del Camp del Tùria que agregó que hay familias que han estado años sin dormir porque cada noche tenían que hacer guardia para vigilar las repentinas crisis de agresividad que podía sufrir su hijo.
Padres que ceden la guarda de sus hijos a la Generalitat
La Comunitat Valenciana ya no es un destino de maná y miel. Cada vez son menos los chavales que pasan calamidades de todo tipo para subirse a una patera o esconderse clandestinamente en los bajos de un camión, jugándose la vida desde Sierra Leona, Guinea o Costa de Marfil para llegar a la tierra de las promesas del futuro. La evolución de la cifra de menores tutelados por la Generalitat en los últimos diecisiete años retrata la desesperación de unos y la caída en picado de la economía del pais anfitrión.
En 1995, la Conselleria de Bienestar Social tenía a 75 menores extranjeros tutelados, diez años más tarde fueron 1002. Con la expansión económica la Administración se convirtió en 2008 en la responsable del cuidado de 1.749 chavales, la mayoría marroquíes, argelinos y subsaharianos y se habilitaron centros específicos para ellos. En la actualidad son 576 los niños de nacionalidad extranjera bajo el amparo de la Generalitat.
La Administración tiene la guarda de uno de cada cinco (116), que ha sido cedida por los padres al no poder cuidarles ni hacerse cargo de ellos (hospitalización, falta de recursos...) pero que mantienen la patria potestad. Los otros 460 tutelados forman parte de dos grupos distintos: los que están acompañados (280) por un familiar o un conocido que reside en la Comunitat Valenciana y que se preocupa del menor (bolivianos y ecuatorianos, la mayor parte) y los que están completamente solos (180), que administrativamente son conocidos como los «mena» (menor inmigrante no acompañado), que viven en centros de protección hasta la mayoría de edad, aunque si no tienen recursos y están estudiando, pueden pasar a alguno de los tres centros de emancipación del Consell donde residen hasta los 23 años. P. g. B. valencia
