La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, puso en libertad en libertaden la madrugada de ayer al director general de Cooperación, Josep Maria Felip, tras tomarle declaración e imputarle varios delitos presuntamente cometidos en colaboración con una trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De los otros 13 detenidos el jueves, doce también han sido imputados (la mitad esta madrugada) y puestos en libertad con cargos. En este caso se les han aplicado medidas cautelares como la retirada del pasaporte por riesgo de fuga y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Para el último de los arrestados, la juez .
Felip fue el séptimo en declarar en la jornada maratoniana de interrogatorios realizada por la jueza y los dos fiscales el pasado viernes. El número dos del exconseller de Cooperación Rafael Blasco, tras pasar 36 horas incomunicado en un calabozo, fue puesto en libertad sobre las 6 horas del sábado. De hecho, la propia jueza confirmó a este periódico que "hasta las seis de la mañana estuve prestando declaración".
Fue el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien a medio día de ayer y tras un acto en el que estaba Rafael Blasco, anunció que Felip había quedado en libertad. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y el TSJ no confirmó la puesta en libertad del detenido hasta las 17.30 horas.
De los arrestados puestos en libertad sólo han trascendido los nombres del presidente de Esperanza sin Fronteras, Fernando Darder; el secretario de la Fundación Hemisferio, José Bollaín; y la presidenta de Asade África, Christine Bernadette. Los otros tres que salieron a la calle formaban parte de ONG's, según confirmaron fuentes jurídicas.
El PSPV denunció ante la fiscalía en octubre de 2010 la adjudicación de unos proyectos a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora) por 1,8 millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.
Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el pasado jueves en Valencia por orden del juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la diputada de Compromís, Mireia Mollà.
Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos con la connivencia de personal de la Conselleria. Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados alcanzaría los 7 millones.
