Los requerimientos por deudas de más de 3.000 euros han aumentado un 101,4 % desde el inicio de la crisis. Solo los juzgados de Valencia tramitaron el año pasado 4.387 procedimientos frente a 2.178 en el año 2006. El intento de cobro de cantidades de menos de tres mil euros también se ha multiplicado, tal y como demuestran los 10.597 procedimientos activados en Valencia en 2011 frente a los 7.163 asuntos de 2006.
Algunas compañías de servicios, como las operadores de telefonía móvil, venden paquetes de morosos a empresas especializadas en el cobro. Este tipo de mercantiles suelen presentar las reclamaciones en los juzgados de paz, situación que ha generado un incremento del volumen de trabajo en alguno de ellos.
Procesos monitorios
Los requerimientos del pago de deudas en los juzgados de Primera Instancia se llaman procesos monitorios y tienen la ventaja de que no son necesarios los servicios de abogado y procurador, y se tramitan con la presentación de un formulario que se facilita a cualquier ciudadano en los juzgados civiles, según explicó el letrado Gabriel Echavarri.
El magistrado inicia el asunto con las facturas que acreditan la deuda y los datos del deudor. "Una vez iniciado el procedimiento, el moroso tiene veinte días para pagar o para oponerse. Si no paga y no se opone, el juez inicia la fase de embargo de los bienes. Si alega, se celebra el juicio pero no hace falta que vaya al juzgado con abogado y procurador si la deuda es de menos de 2.000 euros", puntualizó Echavarri.
Fuentes de la Ciudad de la Justicia incidieron en que el volumen de solicitudes de cobro que tramitan en Valencia es muy grande si se tiene en cuenta que los acreedores tratan de evitar los juzgados por la ingente burocracia que conllevan. Cada día se presentan 42 requirimientos de pago en la ciudad de Valencia. Cuando las deudas son de menos de 90 euros se puede reclamar en los juzgados de Paz.
En los últimos meses algunas empresas han vendido paquetes de clientes morosos de pequeñas deudas. El abogado Gabriel Echavarri señaló que "este tipo de empresas compran las deudas por entre el veinte y el cincuenta por ciento del valor real porque algunas no se van a cobrar nunca. Los acreedores se quitan el problema de encima, aunque pierden dinero. Para las empresas de recobro supone un negocio, el problema es la cesión de datos". La Agencia de Protección de Datos ha constatado un incremento de las denuncias por este tipo de prácticas.
Las compañías de recobro presentan centenares de procedimientos a la vez en los juzgados de paz. Con este método de trabajo consiguen cobrar una parte con la carta que recibe el moroso y se desentienden del resto de procesos. Esta situación ha generado cierto malestar entre los responsables de algunos juzgados de paz.
