Los inspectores docentes plantan cara a Educación y rechazan aumentar ratios

"Economicista y de ideología trasnochada". Así califican los inspectores de educación las últimas medidas adoptadas por los gobiernos central y autonómico para reducir el gasto y que prevén, entre otras cuestiones, el aumento de un 20 % en las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria. De esta forma, el próximo curso los colegios de la provincia tendrán una media de 30 alumnos por aula en Educación Primaria y de 36 en Secundaria.

La Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (Adide-PV), mayoritaria en la Comunidad, critica duramente la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. "La medida no es puramente economicista, también es ideológica", señalan los inspectores. Con ella, entienden, "no se atiende a otros retos fundamentales del sistema educativo de una país como España, que aspira a situarse entre los más modernos del mundo dentro de la sociedad del conocimiento".

Los inspectores también inciden en las dificultades que estas nuevas medidas conllevarán a la hora de atender la diversidad, un fenómeno en ague "especialmente en la escuela pública". En este sentido, los inspectores sostienen que la atención a la diversidad "difícilmente puede afrontarse con las medidas aprobadas mediante un real decreto que nos quiere hacer volver a las escuelas de 40 alumnos por aula, donde lo únicamente válido era la lección magistral y no la atención a las diferencias individuales que forman los grupos de nuestras escuelas".

La asociación estima que uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema educativo es el de abordar con calidad y equidad la diversidad creciente de alumnado. Una apuesta "que difícilmente se resolverá con esta medida tan economicista y de ideología trasnochada que solo beneficia a unos pocos en contra de la mayoría de una nación que necesita enfrentarse al futuro con éxito".

El decreto-ley aprobado por el Gobierno también prevé un incremento en el número de horas lectivas del personal docente, estableciendo un mínimo de 25 horas lectivas en Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas. En la Comunidad Valenciana, los profesores tienen hasta 25 horas en Infantil y Primaria y 21 en Secundaria, aunque según fuentes de la enseñanza, la situación varía mucho entre los centros.

El sindicato STE-PV también solicitó a la Generalitat que derogue el decreto que en la Comunitat Valenciana desarrolla las medidas impuestas por el Gobierno. Pide su retirada "después del éxito de las jornadas de huelga y de las multitudinarias manifestaciones" de los últimos días. Así mismo reclama que se abra "un proceso de negociación real que anule todas las medidas que van en contra de la enseñanza pública".