La fundación matriz de la trama de ONG que investiga la Justicia percibía de la Generalitat 7.000 euros por cada persona a la que supuestamente enseñaba a manejar una centralita telefónica en Guinea Ecuatorial, según se desprende de un informe técnico presente en el sumario judicial. En este documento, el cooperante de la Generalitat que lo firma desaconsejaba la subvención porque los conceptos de formación estaban «hinchados». Este argumento no fue tenido en cuenta por la Conselleria de Solidaridad que abonó el dinero.

La extinta conselleria que dirigió Rafael Blasco hasta junio de 2011 otorgó a dedo en 2010 una subvención de unos 400.000 euros a la Fundación Hemisferio para el Convenio Marco de Mejora de las Infraestructuras de Comunicación para Servicios Básicos en Guinea Ecuatorial. El técnico que evaluó el proyecto concluyó en un informe en poder de la juez que no se podía aprobar la ayuda porque había facturas «hinchadas» y porque «el presupuesto no se correspondía con la actividad que se proponía».

En esa valoración explicaba como «para la formación de cada una de las personas que asumirán la instalación y mantenimiento de las centralitas hay un presupuesto que supera los 7.000 euros (en total unos 180.000 euros)». El técnico de la conselleria, que abandonó el departamento al poco tiempo de firmar el documento, muestra su estupefacción al compararlo con el coste de la educación en Valencia. «Comparando estos costes con la formación universitaria en Valencia equivaldría a más de 230 créditos por persona, cada crédito supone entre 25 y 30 horas lectivas, es decir, más de 5.000 horas de formación por personas», argumentaba.

Además, en este dinero para formación, la Fundación Hemisferio no incluía el conste del personal expatriado que tendría que supuestamente haber dado los cursos. La juez todavía no ha podido averiguar si esos cursos se realizaron o no.

Este técnico, igual que otros que fueron forzados a salir de la conselleria por oponerse a firmar los proyectos de la trama, han declarado ante la juez y el fiscal Anticorrupción. Entre las diferentes afirmaciones, aseguraron que los informes negativos sobre proyectos de la red no se tenían en cuenta y eran obviados.