"Necesitamos leche, patatas, pañales, lejía, toallas, jabón, bicicletas para movernos..."

Un impago de la Generalitat, aunque afecte a los más débiles, ya no es noticia; es la salmódica realidad. Pero la deuda de 205.000 euros que mantiene el Consell con el Instituto Social del Trabajo, la cara más obrera y progresista de la Iglesia católica en Valencia, se sale de la tónica habitual. Pese a las dificultades que los asfixian, ellos no han cerrado las dos casas de acogida para 36 inmigrantes sin recursos que tienen en Valencia y Alboraia -una casa para mujeres extranjeras y sus hijos, la otra para hombres subsaharianos- y se han lanzado a auténticas macrocampañas de búsqueda de ayuda. Todos los lunes, realizan peticiones a más de 600 contactos con aquello que necesitan para esa semana. Una tarea quijotesca contra la dura realidad. Esta semana, por ejemplo, la lista es larga: necesitan dinero para atender recibos de luz, agua, gas y teléfono; y en especie, solicitan azúcar, leche, huevos, aceite, atún, harina; alubias, garbanzos; patatas, cebollas; lejía, papel higiénico, bolsas de basura; pañales infantiles; toallas, gel, champú; o bicicletas de adultos para la movilidad de los chicos subsaharianos.

En su comunicado público de ayer, el Instituto Social del Trabajo -a través del Arzobispado de Valencia- no reclamaba ayuda al Consell. Parece que ha perdido casi toda la esperanza de que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social cumpla con lo aprobado en las Corts y pague el 40 % adeudado de 2011 (unos 55.000 euros) y los 150.000 euros comprometidos para este año. Lo que piden es la solidaridad de los más humildes. Tampoco piden a la jerarquía de la Iglesia. "No, a nosotros nos ayudan parroquias y órdenes religiosas. Pero pedimos al pueblo de Dios, no a la jerarquía", explica a este periódico Juan Biosca, director del Instituto Social del Trabajo.

Cuenta que, hasta que dejó de pagar, la Generalitat financiaba casi el 70 % del proyecto con la subvención aportada, sin contar la mano de obra voluntaria -lo más caro- que ponía la organización. Ahora, literalmente, no tienen capacidad para aguantar. Ya enviaron al paro a los cuatro trabajadores que tenían contratados porque resultaba imposible pagarles. Ahora sólo tienen voluntarios. Y, en este momento, dependen de la ayuda de los colaboradores para que puedan seguir existiendo estos hogares con el fin de atender a otros inmigrantes, pues la estancia máxima es de seis meses. "Es gente que procede de fracasos, maltratos, abandonosÉ Y que no ha podido regularizar su situación ni integrarse en la sociedad", dice Biosca.

En su sede de la calle Peu de la Creu,17, de Valencia siguen esperando la ayuda., "¿Aguantaremos hasta octubre? No lo sé. Los chicos saben la situación en la que estamos. Pero nosotros seguiremos pidiendo por ellos". Pidiendo a la gente. Al Consell ya casi ni lo esperan.