26 de agosto de 2012
26.08.2012

El CES desaprueba las tasas por las que el Consell pensaba cobrar 156 millones

El órgano consultivo de la Generalitat pide paralizar los nuevos impuestos medioambientales y judiciales

26.08.2012 | 02:00

El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) ha instado al Consell a paralizar los nuevos impuestos medioambientales y las tasas judiciales, al considerar que podrían afectar a la actividad industrial y limitar el acceso a la justicia universal, respectivamente.
El órgano consultivo presidido por Marcos Peña realiza esta recomendación a la Generalitat en su dictamen sobre el anteproyecto de ley que regulará estos nuevos tributos, con los que la Generalitat espera recaudar unos 156 millones de euros anuales.
El anteproyecto de ley de Impuestos Medioambientales de la Comunitat Valenciana fue aprobado el pasado mes de junio por el pleno del Consell, en cumplimiento del Plan de reequilibrio económico financiero de la Generalitat.
La norma regula dos impuestos medioambientales, las tasas judiciales, la aplicación del Impuesto de Patrimonio y la subida en un punto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, motivo por el cual el CES solicita cambiar el nombre del anteproyecto por el de "Ley de Impuestos Ambientales y de otras medidas de carácter tributario".
Considera que el título actual de la norma es "insuficiente" para el conjunto de conceptos tributarios que, además de los medioambientales, se regulan en el texto. El ente consultivo recomienda, en todo caso, la "paralización del contenido" del anteproyecto que se refiere a la regulación de los impuestos medioambientales y las tasas judiciales. Según el dictamen, aunque la aplicación de las primeras medidas impositivas mencionadas tengan como objetivo el de mejorar la sostenibilidad del medio ambiente, "el momento delicado que atraviesa la economía puede afectar negativamente a la actividad del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana".
A su vez, el CES-CV también advierte de que la imposición de tasas judiciales, aunque sea con el fin de "desincentivar el uso indiscriminado de los servicios personales y materiales", podría "limitar el principio de acceso universal a la justicia". Las tasas judiciales, según el texto aprobado por el Gobierno valenciano, obligarán a pagar a la hora de presentar demandas en determinados procedimientos civiles y contencioso-administrativos.

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