El pleno del Consell ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula los nuevos impuestos medioambientales y otras normas tributarias en la Comunitat Valenciana, que contempla la creación de dos impuestos ambientales, la introducción de tasas judiciales y la aplicación del Impuesto de Patrimonio.

Así lo ha explicado el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, en la rueda de prensa posterior al pleno, donde ha indicado que esta norma, anunciada en abril entre las medidas para cumplir el Plan de reequilibrio económico, será aprobada en las Corts antes de que acabe el año y asumirá algunas recomendaciones del Comité Económico y Social.

Los nuevos impuestos medioambientales, que gestionará la Conselleria de Hacienda, generarán unos ingresos anuales cercanos a los 30,25 millones de euros, que se destinarán íntegramente a la financiación de las políticas de medio ambiente. En concreto, se introduce uno que grava las actividades que inciden en el medio ambiente, con el que se prevé una recaudación anual de 28'68 millones de euros, y que grava más a las nucleares que a las centrales eléctricas de ciclo combinado de gas o a las centrales hidroeléctricas.

El segundo impuesto ambiental grava el depósito de residuos en vertederos públicos o privados de la Comunitat para su eliminación, se espera recaudar con él 1'57 millones de euros anuales, y cuyo objetivo es fomentar el reciclado, mientras que no se aplicará a lo que pagan los ciudadanos por la recogida de basura urbana.

El proyecto de ley introduce además tasas judiciales para recaudar al año ocho millones de euros, que se destinarán a modernizar las infraestructuras judiciales, con las que se pretende que quien recurra de forma más frecuente a la justicia contribuya más a su sostenimiento.

Las cuantías no superarán los cien euros, y habrá que pagar al presentar demandas en determinados procedimientos civiles y contencioso-administrativos y cuando en ellos se interpongan recursos de apelación o casación. Quedarán excluidas la jurisdicción penal y social (reclamaciones laborales, de seguridad social, de prestaciones por desempleo); algunas materias de jurisdicción civil, como las referentes a familia, estado civil de las personas o sucesiones; y algunas materias contencioso administrativas, como las referentes a derechos fundamentales de las personas o actuación de la administración electoral.

Quedarán exentos el Ministerio Fiscal, quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita y el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público. Tendrán bonificación los autónomos (50% por la presentación de demandas y posteriores recursos), las familias numerosas de categoría general y las monoparentales (50%) y las familias numerosas de categoría especial (75%).

Además, la futura ley limita al ejercicio 2011 la aplicación de la bonificación autonómica del 100% sobre la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, prevista inicialmente para los ejercicios 2011 y 2012, lo que generará unos ingresos adicionales de 70'66 millones de euros en 2013.

También se sube un punto, hasta el 8%, el impuesto aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones documentales, aplicable a las transmisiones de inmuebles, a la constitución o cesión de derechos reales sobre los mismos, con lo que se recaudarán 44'75 millones de euros.

Por otro lado, el pleno ha aprobado un decreto que simplifica el procedimiento para la puesta en marcha de industrias e instalaciones industriales, con el fin de reducir los trámites administrativos y las cargas a las empresas del sector industrial.