El oficio del gobernante consiste en elegir. A la hora de crear leyes, fijar reglamentos y marcar las normas de convivencia de una sociedad se están tomando ciertas elecciones y descartando otras. Lo mismo pasa cuando un gobernante distribuye el dinero público que proviene de nuestros impuestos. Elige. En función de unos criterios que son los que -supuestamente- conforman el modelo de sociedad de las personas que lo han votado. Por eso, cuando oímos declaraciones como las recientes del Conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, afirmando que «no estamos en condiciones de exportar solidaridad cuando aquí hace tanta falta», uno entiende que, detrás de esas afirmaciones hay un modelo de convivencia que contrapone la pobreza propia contra la pobreza ajena y entre estas dos opciones elige la que, obviamente, elegiríamos todos y todas. Pero esto tiene truco. Y el truco es que no hay sólo dos opciones, sino muchas más. El presupuesto de la Generalitat Valenciana está compuesto por miles de partidas. ¿Por qué considerar sólo las que hacen referencia a las políticas sociales y olvidar todas las demás? Antes de desmantelar todo el esfuerzo que muchos cooperantes „sí, esas personas a las que tanto dicen admirar nuestros gobernantes„ llevan realizando en situaciones de extrema dureza, seguro que podremos reducir alguna de las restantes miles de partidas que contiene el presupuesto. Todo, antes de aceptar que nuestro modelo de sociedad clasifica la pobreza entre propia y ajena. Porque no existe la pobreza ajena. Ningún ser humano nos es ajeno. Si los derechos humanos son universales, por qué debemos reducir la pobreza a un fenómeno meramente local. Le hemos reconocido los mismos derechos a una persona sin hogar que vive en nuestra comunidad que a una que vive en África. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de ello. Y esto no quiere decir que debamos olvidar a la persona más cercana para apoyar a la lejana. Ambos tienen los mismos derechos y, en la medida de nuestras posibilidades como sociedad, debemos de apoyarles quitándolo de otros gastos superfluos. Porque si no, estaremos renunciando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que aparece, además, reflejada en el artículo 10 de nuestra propia Constitución. Y eso, nos guste o no, también es elegir.