El Consell cambia la ley para excluir a los «sin papeles» del sistema sanitario

El Consell aprovechará la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2013 para modificar sin apenas debate su normativa sanitaria para excluir a los sin papeles del sistema de salud de la Comunitat Valenciana. Mientras otras comunidades buscan vericuetos para poder mantener la universalidad de la sanidad, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra asume disciplinadamente las reformas introducidas por la legislación estatal el pasado mes de abril e incluso cambia sus propias leyes. En concreto, el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos contempla varios ajustes en la ley 6/2008, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, para, entre otras cuestiones, retirar el derecho de los inmigrantes irregulares a la sanidad.

Esta ley fue aprobada con el objetivo «de garantizar y regular el acceso universal de la población a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad y calidad». Los principios inspiradores de acceso universal se quedarán en papel mojado tras el proceso de adaptación. Los cambios introducidos por Mariano Rajoy en la sanidad sustituyen el concepto de beneficiarios de la salud por «asegurados». Acorde con ello, se restringe la ley valenciana de aseguramiento que hasta ahora garantizaba el derecho de todos residentes de la Comunitat Valenciana a ser atendidos en los centros sanitarios al margen de su situación legal, laboral o económica.

Así, el Consell propone eliminar artículos claves, entre ellos, el que «extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes». También desaparece el artículo que recogía que «la Conselleria de Sanidad acreditará el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros que se encuentren en el territorio de la C. Valenciana cuando justifiquen la ausencia de recursos económicos suficientes y no puedan acreditar el requisito de residencia en la misma (tarjeta solidaria).

La reforma estatal, plasmada en el del real decreto 16/2012, retira la condición de «asegurado» a los mayores de 26 años que no han podido cotizar nunca a la Seguridad Social porque no han tenido la oportunidad de trabajar, las mujeres u hombres que tampoco están dados de alta y que viven de las pensiones de los familiares que cuidan y los ciudadanos que viven de rentas. El decreto obliga a los inmigrantes irregulares residentes en la C. Valenciana a abonar 710 euros al año para ser atendidos.

Tal como informó en su día este diario, el decreto estatal contradice además hasta tres leyes autonómicas que impulsan la sanidad universal en el territorio y dan a los «sin papeles» el estatus de «ciudadano»: la ley de ordenación sanitaria, la ley de Integración, y la de Participación Ciudadana. Con todo la que más problemas jurídicos podía plantear al Ejecutivo es la que el PP aprobará en las Corts en diciembre evitando un debate específico.

Quince mil personas carecen de sanidad al ser ilegales

Las sociedades médicas y las organizaciones que asisten a inmigrantes han estimado que quince mil personas se han quedado sin asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana por residir como ilegales, mientras que los que no tienen tarjeta sanitaria son unos 134.000. En este grupo están incluidas aquellas personas con rentas superiores a cien mil euros que quedan excluidos del aseguramiento sanitario del nuevo decreto.

Organizaciones de profesionales sanitarios y entidades civiles y humanitarias están organizando una plataforma de apoyo a los inmigrantes sin papeles para poner cara a cada uno de los casos de exclusión y denunciarlo públicamente. La táctica habitual que se utilizan los médicos es «pasarlos por la puerta de atrás» para atenderlos y evitarse tener que pasar por el mostrador de admisión que les fichará y emitirá una factura a su nombre. p. g. b. valencia