03 de diciembre de 2012
03.12.2012

La rivalidad FGV-EMT impide implantar una autoridad de transporte

La Conselleria de Infraestructuras dice que elimina la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) porque no ha conseguido convertirse en árbitro de la movilidad metropolitana, pese a que su poder de decisión depende del conseller de turno

04.12.2012 | 03:20

­Valencia y su área metropolitana han crecido sin un gobierno de ámbito comarcal o regional que coordinara servicios comunes de ámbito supramunicipal: transportes, agua, basuras... Tras la fallida experiencia del Consell Metropolità de l´Horta (CMH), abortado por el PP para neutralizar el poder del «cinturón rojo» de alcaldes socialistas que rodeaba al Cap i Casal, y unos tímidos intentos por coordinar el transporte metropolitano, se creó en el año 2000 la Entitat de Transport Metropolità (eTM), que después derivó en la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM). Ambas nacieron para «consolidar un auténtico sistema de transportes integrado en el área metropolitana de Valencia» que, a partir de 2010, se pretendió fuera de ámbito autonómico, con competencias para las tres capitales de provincia y sus zonas de influencia sobre el transporte público, el taxi y las estrategias conjuntas de movilidad.

En estos doce años de trabajo la aVM ha conseguido gestionar un servicio de autobuses metropolitanos coordinados, el Metrobus, mediante contratos-programa con operadores privados, crear de la nada y de la noche a la mañana el Metrorbital «para dar servicio al hospital más grande de Europa, que carecía de un servicio de transporte público» e intentar coordinar la política tarifaria y de servicios de las dos grandes empresas de transporte en Valencia: la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El máximo logro conseguido ha sido implantar el nuevo sistema de peaje basado en la tarjeta sin contacto, Mobilis, presentada en 2008 y que ha ido poco a poco mejorando sus prestaciones.

Pero a ningún usuario del transporte público se le escapa el detalle de que pese a la cacareada unificación, aún queda lejos el esperado sistema basado en la precarga de tarjetas que permitirá viajar en todo tipo de transporte por la Comunitat Valenciana, incluidos taxis, bicicletas o los servicios de Cercanías, sin tener que llevar un tarjetero formato acordeón.

¿Por qué no ha podido ir más allá la aVM? Los trabajadores de la agencia lo tienen claro: «porque hemos tenido que bregar con dos empresas muy fuertes con gente muy ambiciosa y, frente a ellas, no hemos recibido el suficiente apoyo por parte de la Conselleria de Infraestructuras». La misma conselleria que, ahora, justifica el ERE de 31 de los 39 trabajadores de la aVM, con el siguiente argumento: «dejáis de ser autoridad porque nunca habéis sido autoridad», en palabras de un alto cargo. Aunque no hay que perder de vista el detalle que la presidencia de la aVM la ostenta el titular de Infraestructuras de turno, que actualmente es Isabel Bonig.

Las competencias de la aVM sobre el papel no se han traducido en la realidad a una autoridad efectiva sobre el transporte. Cuando se creó la tarjeta sin contacto Móbilis, la propuesta de la agencia era «crear una tarjeta para todos, pero FGV y EMT se negaron», explican trabajadores de la aVM a Levante-EMV, con argumentos como «yo no quito mis bonobuses» o «yo tengo que hacer mis propias tarjetas».

Retraso del sistema de prepago
Estos reinos de taifas del transporte son los que han impedido crear un «sistema tarifario basado en la precarga» en el que el usuario tiene una única tarjeta de la que se va descontando el coste de los trayectos que realiza. ¿Por qué? Porque se precisa «una caja única de ingresos», que debería gestionar la aVM y pagar después a cada operador sus ingresos proporcionales en función de los viajes de cada usuario. La rivalidad entre ambas empresas llega a tal extremo que se han enfrentado por el número de fotos que aparecían de ambas o porque no aparecía el nombre de una de ellas en las tarjetas Móbilis.

La falta de una autoridad del transporte a parte de perjudicar al usuario también puede salirle cara a la conselleria ya que, como recuerdan los trabajadores de la aVM, para que el Gobierno firme un contrato programa con la Generalitat se necesita una autoridad del transporte. La aVM sería quien gestionaría el dinero que aportarían las arcas centrales. El Gobierno se niega desde 2003 a firmar un contrato programa con la Generalitat que financiaría el transporte público de Valencia.

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