"La represión y abuso de autoridad policial, la intimidación y la impunidad continúa en el País Valencià. No fue un incidente puntual y aislado hace un año, porque continúa presente en las numerosas protestas de la sociedad valenciana frente a los recortes en libertades y derechos sociales", según denunciaron ayer los representantes de l'Assemblea per les Llibertats i contra la repressió, también conocida como Assemblea El Micalet, que forman 52 colectivos. De esta situación pueden dar buena cuenta las 157 personas sancionadas administrativamente o denunciadas judicialmente durante los últimos doce meses y cuyos casos tramitan desde la comisión jurídica de l'Assemblea per les Llibertats. Entre los detenidos se encuentra todo el espectro sociológico valenciano: jóvenes estudiantes, iaioflautas, protestantes durante la "Intifalla", la huelga del 14-N o en la última protesta de la Koordinadora Kolectivos Parke de Alfafar.
Por eso l'Assemblea per les Llibertats i contra la repressió anunció ayer que va a presentar una querella contra la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, el anterior jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Moreno (el que tildó a los manifestantes como "el enemigo"), los jefes de brigadas y cerca de 200 agentes por los hechos ocurridos durante la conocida como "Primavera Valenciana", las protestas estudiantiles que hace un año se extendieron por toda la ciudad. La respuesta policial a las protestas dio la vuelta al mundo. Y por eso l'Assemblea el Micalet quiere denunciar a los responsables de la Delegación del Gobierno por "prevaricación,violación de derechos fundamentales, lesiones, coacciones, vejaciones y detención ilegal". No es la primera vez que lo intentan. En junio de 2012 presentaron otra demanda, firmada por 23 representantes de las 52 entidades de la asamblea, aunque fue desestimada en primera instancia y en la audiencia provincial, sin entrar en el fondo del asunto, porque las entidades firmantes de la denuncia "no eran parte interesada" y "no se apreciaron indicios de delito en las actuaciones policiales".
El contraataque de la asamblea va a consistir ahora en que 80 de las personas directamente implicadas en las detenciones firmen la nueva querella, a la que se sumará un contencioso administrativo contra las sanciones abiertas en las protestas que se han convocado en Valencia.
A esta batalla judicial se suma la convocatoria de la manifestación convocada el 15 de febrero para conmemorar el primer aniversario de la Primavera Valenciana (partirá a las 18 horas de la calle Xàtiva). Una protesta que se organiza "por un doble motivo", según explicó la representante de las entidades estudiantiles, Almudena Moragues, "porque sin memoria no hay justicia y porque la memoria aporta el conocimiento que necesita una sociedad democrática y en recuerdo a todas las personas que legítimamente alzaron la voz y aún siguen encausadas".
El Sindicat d'Estudiants del País Valencià también anunció ayer que celebrará del 4 al 9 de febrero una "semana de lucha" con 72 horas de huelga y manifestaciones para reclamar que la educación "no vuelva a los años oscuros de la dictadura" y rendir "el mejor homenaje" a la "primavera valenciana", según Europa Press.
