El Consell 'privatiza' durante 20 años lo mejor del monte público valenciano

La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso para la enajenación temporal de algunas de las grandes fincas de monte público situadas en el interior de la Comunitat Valenciana y que forman parte del patrimonio forestal común.

La «subasta para la enajenación del aprovechamiento de madera, biomasa, caza, pastos y otros» en varios montes de la provincia de Valencia supone en la práctica una «privatización» por un mínimo de 20 años de los montes que hoy son de propiedad y disfrute de todos los valencianos y sin que ni siquiera esté garantizada la percepción de ingresos para las arcas públicas a cambio de esta cesión. La citada subasta, que estaba prevista para este jueves, ha sido paralizada por la Conselleria de Territorio a falta de un informe técnico.

La Generalitat ha sacado a subasta algunas de las joyas del monte valenciano en las que permitirá un uso privativo reservados a unos pocos. Los «Montes de Utilidad Pública» elegidos en este primera entrega son los de la Herrada del Gallego; el Ciscar y Matachosa; la Hunde y Palomera; Casas del Doctor y Hornillo-Chapudilla. Entre todos suman 11.212 hectáreas —la superficie ocupada por más de 11. 000 campos de fútbol, y salen a subasta por un canon anual de 23.500 euros más IVA.

Las áreas boscosas objeto de subasta se encuentran en muy buenas condiciones ya que en ellas ha concentrado la Administración Valenciana sus inversiones en las últimas décadas debido a su carácter público. Algunas son herencia recibida del Patrimonio Forestal del Estado o del Icona aunque también se han incluido las adquiridas por la Generalitat Valenciana bajo el mandato de Joan Lerma. Todas forman parte de espacios protegidos, bien de parques naturales (Hoces del Cabriel), de zonas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC) o de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Infravalorados

Según fuentes consultadas por Levante-EMV, el monte público de la Hunde-Palomera, con 4.884 hectáreas, podría tener un valor de mercado de unos 6 millones de euros mientras que el valor de cada hectárea forestal sacada a concurso para el conjunto de las fincas oscila entre los 600 y los 1.200 euros.

El pasado año, la Generalitat ya convocó una subasta a 20 años para la explotación de la madera y la biomasa con destino a la generación de electricidad aunque no incluía la posibilidad de otros aprovechamientos como el de la caza, los pastos o los «otros», un epígrafe tan ambiguo que podría incluir desde la recolección de setas hasta el aprovechamiento turístico.

Algunas de estas fincas tienen refugios e incluso zonas de acampada que podían ser pedidas libremente por los valencianos y cuyo uso quedará reservado ahora al interés privado del adjudicatario.

Expertos en gestión forestal consultados por este diario y que optaron por el anonimato —la mayoría de los ingenieros forestales trabajan para la Generalitat—sostienen que el negocio está en la caza, aunque para una explotación adecuada habría que vallar fincas que son teóricamente públicas «y eso abriría un conflicto», advierten.