Las asociaciones de periodistas de toda España rechazan el informe elaborado por una comisión de expertos nombrada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que pretende incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal repercusiones penales contra los informadores que revelen datos de un proceso que se encuentre bajo secreto de sumario. La propuesta permitiría al juez acordar "el cese de la difusión", en realidad un secuestro de las publicaciones.
Para evitar que la reforma de este capítulo siga adelante, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) negociará con el Gobierno una vez reciba el informe jurídico que prepara la Asociación de la Prensa de Madrid. La Unió de Periodistes Valencians, la tercera más numerosa en la Fape con 800 asociados, denuncia que la iniciativa amparada por Gallardón "vulnera" los derechos de los periodistas a informar y busca "atemorizar" a los profesionales que investigan casos de corrupción.
El borrador amparado por Gallardón pretende que el juez pueda actuar contra las filtraciones del contenido de un proceso. Tan incisiva es la propuesta, que si un medio de información divulga datos que vulneren el secreto de sumario o los deberes de "sigilo y reserva", el magistrado podría acordar el "cese de la difusión".
El informe tiene como única intención, dicen, evitar "juicios paralelos" que comprometen "gravemente" el derecho a un proceso justo. Los periodistas o directores de medios que incumplieran este mandato podrían incurrir en responsabilidades. Las actuaciones no sólo se encaminarían hacia el filtrador, sino también contra el informador.
La propuesta de la comisión de expertos dedica un capítulo específico a la "Publicidad de las actuaciones" en el que regula también la presencia de los medios de comunicación en el juicio o la información del proceso.
En la C. Valenciana se investigan 141 casos de corrupción. Muchos han sido destapados por periodistas o han visto facilitada su instrucción por averiguaciones de los informadores. Las asociaciones profesionales pretenden evitar cortapisas judiciales y llaman a que se respete la autorregulación, como en la actualidad.
