12 de septiembre de 2013
12.09.2013
Caso Nóos

Torres asegura que el Consell aún debe dinero a Nóos

El exsocio de Urdangarin presenta facturas ante el juez de Palma donde asegura que quedaron pendientes de cobro 130.000 euros

12.09.2013 | 16:26

Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha presentado numerosas facturas ante el juez instructor del caso Nóos con el objetivo de acreditar, en base a los gastos en que incurrió el Instituto Nóos para organizar la candidatura valenciana de los llamados Juegos Europeos (JJEE), que la Generalitat Valenciana quedó a deber a la entidad un total de 129.935 euros cuyas facturas no han sido satisfechas.

Así, entre la diversa documentación que el imputado ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, a la que ha tenido acceso Europa Press, se encuentran las facturas que dan soporte a las operaciones económicas realizadas por el Instituto y los gastos que afrontó con los distintos proveedores con los que trabajó para el proyecto.

En concreto, en virtud del convenio firmado a finales de 2005, Nóos se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la comunidad autónoma valenciana como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse, pese a lo cual la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin acabó finalmente percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros.

Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-.

En el convenio, al que tuvo acceso Europa Press, aparecen plasmadas las firmas del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en calidad de consejero delegado de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y del propio Torres.

El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros.

Precisamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronunciará próximanente sobre si acepta o no la competencia para instruir los delitos atribuidos al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en relación a las negociaciones de los Valencia Summit y los JJEE.

La Fiscalía postula que Urdangarin y Torres se personaron en la Generalitat Valenciana y mantuvieron una reunión con Camps para exponerle el proyecto y proponerle su aprobación, solicitándole financiación pública para desarrollar el mismo. Tras ello, el entonces presidente dio el vio bueno al evento y decidió que fuese Nóos el que liderase su desarrollo. El precio fue fijado de forma unilateral, si bien fue aprobado por Camps sin análisis previo del coste del mismo.

El propio juez instructor del caso incidía en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedida de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba.

El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.

Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hacía hincapié en el hecho de que a la dotación económica de la Generalitat se la llamase "subvención" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones Públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad".

Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, Don Iñaki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".

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