Un empresario chino de Manises ha puesto en jaque a todos los distribuidores y vendedores de cigarrillos electrónicos, el último negocio-pelotazo del mercado español, con una idea simple, pero genial: ha registrado el diseño industrial de todos los modelos que se comercializan en nuestro país, así como de todos los elementos y accesorios que rodean a esta moda recién eclosionada.
De momento, acumula 137 registros, tal como se puede comprobar en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el organismo público que regula la propiedad industrial en nuestro país, "pero llegaremos a las 250", explica uno de los colaboradores de Yi Hu Wang Ji, dueño de un emporio del todo a euro con 18 tiendas distribuidas por distintos puntos de Valencia y su área metropolitana.
¿Qué significa ser dueño de, por ahora, esos 137 diseños industriales? La ley, que data de 2003 y hunde sus raíces en una norma de 1929, lo deja claro: "Da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente".
En pocas palabras, que a partir de ahora, que Wang Ji es la única persona con capacidad legal para vender esos cigarrillos en España, salvo que quien quiera hacerlo llegue a un acuerdo con él que pasa por la cesión temporal del uso del diseño registrado por el empresario manisero, previo pago de la módica cantidad de 250 euros por tienda y mes en contratos anuales renovables.
La cifra que puede embolsarse Wang Ji es delirante, habida cuenta de la explosión de negocios de este tipo en los últimos tres meses por toda España. De momento, hay unas 3.000 tiendas repartidas por el territorio nacional que comercializan los elementos necesarios para el nuevo fumador de vapores con reminiscencias tabaquísticas bajo el nombre comercial de unas 300 franquicias, en su mayoría italianas, francesas y alemanas. La cuenta es fácil, aunque Wang Ji se muestra dispuesto a negociar.
La idea no es nueva. A principios del verano, un antiindependentista castellonense afincado en Girona dio una bofetada emocional a sus contrarios al registrar el diseño industrial de hasta diez variantes de la estelada, la bandera independentista catalana. El ejemplo es válido a medias, porque la propiedad sobre un diseño industrial, que habla de la apariencia externa de un producto y no de su modelo de utilidad -el invento en sí mismo desde el punto de vista técnico-, está vinculada a su puesta en el mercado, a un fin comercial.
Amparado por la ley
De hecho, los 137 diseños industriales que atesora Wang Ji a fecha de hoy le confieren el derecho exclusivo a utilizarlos e impedir su utilización por terceros sin su consentimiento, lo que incluye el derecho a excluir a otros de fabricarlos, ofertarlos, importarlos exportarlos y comercializarlos. Así consta en que cada uno de los certificados que la OEMP le ha otorgado entre finales de septiembre y el 21 de octubre.
La ley es clara. Un producto se puede comercializar sin haber registrado su diseño industrial, pero, si esa mercancía lleva menos de un año en el mercado y alquien lo registra, pasa a ser dueño y señor del mismo a efectos de venta -es independiente por completo de quién y dónde lo fabrique, o de quién fue su diseñador original-. Y la protección ha de registrarse en cada país.
Wang Ji aprendió la lección hace cinco años. Importó 100 contenedores de patinetes de dos ruedas. Cuando empezó a distribuirlos, llamó a su puerta un empresario español y le explicó que no podía poner ni un solo patinete a la venta porque él había registrado el diseño industrial del producto con antelación. El importador de Manises se negó a pagarle y los cien contenedores acabaron precintados.
Ahora, se ha hecho con la exclusiva de los cigarrillos electrónicos, "aunque sólo de los elementos que lo forman y de sus accesorios, no de las esencias", matiza. Y pretende rentabilizar la inversión (unos 350 euros en tasas por cada certificado-título de diseño industrial) o bien cediendo el derecho a comerciar con ellos de todos sus competidores, o bien cerrándoles el negocio más lucrativo de los últimos meses.
