El PSPV tiene previsto presentar esta mañana una proposición no de ley en las Corts para que la cámara inste al Gobierno a realizar los cambios legales necesarios para que se excluya de los supuestos de indulto a cualquier persona condenada por delitos de corrupción política.
La medida de los socialistas viene a cuenta de la iniciativa realizada por diputados del PP en las Corts, que la pasada semana firmaron un escrito para pedir el indulto del exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo. El exalcalde ha sido condenado a tres años de prisión por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras en Torrevieja.
La idea de recoger firmas en las Corts partió del diputado Andrés Ballester y no Bellver, como ayer identificó este diario por error en parte de su información y ha tenido un gran éxito. 44 de los 55 diputados de la bancada azul se adhirieron a la petición de indulto, nacida del impulso de la familia y vecinos de Pedro Hernández Mateo. «No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público», argumenta Ballester.
El gesto de la bancada popular supone un posicionamiento en un asunto que es material sensible dentro del PP. En torno a un quinto de los diputados está salpicado por diversos escándalos; otros, como Blasco, fue obligado a marcharse al grupo mixto, y el propio Hernández Mateo dejó el escaño tras la sentencia condenatoria que también le inhabilita. Que el 85 % de los diputados realiza ahora este gesto puede interpretarse también como una enmienda a la totalidad de la doctrina Fabra contra la corrupción.
La recogida de firmas en el PP ha removido a los socialistas, que lamentan que iniciativas como esta «vuelve a fracturar la desconfianza en la política» y «afecta a credibilidad de la acción pública», afirmó el secretario general del PSPV, Ximo Puig. El líder socialista pretende llevar esta propuesta también al Congreso, donde es diputado por Castelló, para lo que tendrá que convencer a la dirección de Rubalcaba. Puig incluyó esta iniciativa entre las 75 medidas que formaron su documento de reacción democrática.
«Ya no se puede pasar por alta nada más», afirmó Puig. «No se puede trasladar la idea de que si uno comete un error va a la cárcel si no es político; y si lo es, no». «Nunca me he creído esa 'doctrina', pero si alguien duda, el 85 % de ese grupo apoya a un condenado: sobran las palabras», concluye.
