A pesar del caos y colapso anunciado, ayer finalmente no cundió el pánico. Los aspirantes inscritos para optar a una de las 200 plazas de celador que oferta la Generalitat pudieron acceder a la zona de examen en Valencia la Universitat Politècnica i el campus de Tarongers de la Universitat de València sin ningún tipo de obstáculo. De hecho, el dispositivo y los preparativos quedaron grandes para la ocasión: solo se presentó al examen el entre el 40 % y el 50 % de los 35.000 preinscritos para realizar las pruebas en Castelló, Valencia y Alicante.

«Debe ser que a muchos les cambia la vida en dos años y ya tienen trabajo», ironizaba ayer Encarna, una de las opositoras, a la salida del test. Ese lapso de tiempo, dos años, es lo que se ha tardado en celebrar este concurso público desde que se convocara oficialmente y los inscritos pagaran las tasas, en 2011. «La gente ya no tiene esperanza ni en las oposiciones. Viendo las pocas plazas que hay, es muy dificil que cojan, incluso para hacer substituciones la cosa está muy mal», remarcó.

Y es que con la grave crisis económica actual muchos daban vueltas a los posibles porqués de tanta ausencia. «La verdad es que esperábamos que fuera muy concurrida, no entendemos qué ha pasado», señalaron a este periódico fuentes del sindicato de Comisiones Obreras (CC OO). «Es normal que no se presente el 100 % de los matriculados, las circunstancias de las personas pueden variar mucho desde que se convocan hasta que finalmente se realizan, pero esta baja participación nos ha sorprendido», añadieron las mismas fuentes.

En este sentido, los sindicatos habían alertado de la posibilidad de que se repitiera el episodio del pasado mes de octubre, cuando decenas de opositores a auxiliar de enfermería se vieron bloqueados y llegaron tarde a causa de la media maratón, prueba atlética que cortó las diferentes vías de acceso al campus de Tarongers aquel domingo.

Pero nada más lejos de la realidad. «En mi aula habíamos calculado los asientos para 117 personas, pero han sobrado 75», explicó una de las colaboradoras de la organización. Fuentes de la misma fueron las que señalaron que la asistencia había sido del 40 %. Seis de cada diez inscritos no acudió finalmente a realizar la primera fase del examen.

Una prueba sin complicaciones

Otra de las patas que le habían salido a estas oposiciones, llamadas a ser la madre de todas las realizadas hasta ahora, era la dificultad misma de la prueba. En las últimas plazas convocadas, en 2008, los inscritos terminaron impugnando en los tribunales la prueba. «No nos dieron tiempo ni a leer las preguntas», recordaba ayer Mª José. «Hoy ha sido muy diferente, eran preguntas muy concretas de celador, no tanta legislación», apostilló.

Los aspirantes aseguraron a la salida del examen que éste no revestía grandes complicaciones. «Quien haya estudiado, habrá aprobado seguro», indicó Roberto, estudiante de ingeniería industrial y sobrino de MªJosé. Como él, muchos licenciados en otras carreras aspiraban a un puesto en la administración pública en estas plazas del rango más bajo de la estructura sanitaria. «Tengo muy pocas posibilidades de trabajar como ingeniero industrial en este país, así que si puedo trabajar un par de meses al año, cobrando mil euros, me contento. Si fuera para siempre tampoco me importaría», explicaba con aterradora resignación este joven que ni siquiera ha terminado sus estudios.

Al igual que ya ocurrió en el examen de auxiliar de enfermería de octubre y en el de enfermería de junio, muchos de los aspirantes acudieron a la prueba por los tres puntos que supone después en la bolsa de trabajo. «Yo soy parada de larga duración. Sé que, por edad, no me van a llamar de ninguna empresa, así que voy a probar a ver si por lo menos me llaman para substituciones de celadora», indicó Mª José. Otros, como Concha, aspiraban a conseguir una de las codiciadas 200 plazas. «Soy interina, a ver si puedo conseguir el puesto fijo», indicó a este diario.