La compra de Valmor, la empresa organizadora de la Fórmula 1, a través de la firma pública Circuit del Motor, anunciada por el Ejecutivo de Alberto Fabra a finales de 2011, acabará en la Fiscalía. La portavoz de Grandes Eventos del PSPV, Eva Martínez, anunció ayer que trasladará al fiscal la documentación a la que ha tenido acceso al considerar que «existen indicios de que el Consell, con Alberto Fabra a la cabeza y Lola Johnson entonces consellera de Cultura y hoy flamante nueva secretaria autonómica de Comunicación, pudieron haber cometido un delito de malversación de caudales públicos». Y ello porque se adquirió Valmor por un euro «a cambio de nada», ya que ya entonces la situación económica abocaba a no poder celebrar la prueba, a pesar de que «conocían la situación de quiebra» de la firma, que arrastraba deudas de 40 millones. «Valmor era una empresa pantalla y Fabra y Johnson destinaron 40 millones de fondos públicos por absolutamente nada», censuró.
Eva Martínez hizo responsable de la decisión a Fabra pero implicó directamente a Johnson, llamada ahora por el jefe del Consell para revitalizar la estrategia de Presidencia, ya que entonces firmó varios de los documentos para adquirir Valmor, conformada por Bancaja, Fernando Roig y Jorge Martínez «Aspar» (a través, primero, de Box, 55y luego, de Worldwide Circuit Management). La parlamentaria socialista advirtió que los admininistradores «podían haber incurrido en responsabilidades civiles, societarias y penales y, pese a ello, se comprometieron a exonerarles al menos por cuatro años, los de prescripción de los delitos», tal como informó Levante-EMV en su día.
La diputada, a la que Circuit ha facilitado diversa documentación, ha comprobado que en el contrato de compra de Valmor, del 7 de marzo de 2012, se señala que el Consell era «conocedor de la situación de desequilibrio patrimonial» de la firma, «a pesar del esfuerzo y la máxima diligencia empleada por los consejeros de la sociedad», reza textualmente el escrito.
Además, el viernes la parlamentaria pudo examinar un documento de 400 páginas cuya copia le negaron en Circuit: la escritura pública de compraventa de participaciones. Ésta revela contratos con Ecclestone que no se conocían hasta ahora, así como que, recalcó Martínez, se adquirió Valmor sin un informe económico ni jurídico de la Abogacía de la Generalitat que lo avalara. Entre los compromisos, se confirma que el 19 de julio de 2011 tal como reveló este periódico el expresidente Camps firmó un contrato de prórroga por cinco años aunque «parcialmente sujeto a condición suspensiva, pendiente de entrar en vigor». Se desconoce cuál era esa condición suspensiva.
Contratos secretos y cartas
También desveló que el 1 de junio de 2007, tres días antes del primer contrato conocido con Ecclestone (del 4 de junio), se firmó otro, entre Valmor y una firma del «grupo» del magnate, APM Sports, radicada en Irlanda. Este contrato «tuvo novaciones en 2008». APM, actualmente en liquidación, cedió sus derechos con efectos desde el 31 de diciembre de 2010 a otra sociedad, Beta Prema, que tiene el mismo domicilio fiscal que la de Ecclestone, FOA (Formula One Administration). Se desconocen las obligaciones que puedan derivarse de estos compromisos. La prórroga de la F1 se firmó entre FOA, APM y Beta, de un lado, y la Sociedad Proyectos Temáticos de la C. Valenciana y «directamente« la Generalitat, de otro.
La dirigente del PSPV, que señaló que hay cartas de Ecclestone a Valmor y a la SPTCV, señaló a Johnson como «ejecutora» de la operación y subrayó que su firma aparece tanto en la certificación del acta del acuerdo por el que se aprueba el balance de fusión entre Valmor y Circuito del Motor, de fecha 23 de noviembre de 2012, como en el proyecto común de fusión por absorción de la mercantil, firmado el 7 de junio de 2012. También ha examinado los contratos de préstamos con el Instituto Valenciano de Finanzas por ocho millones y con Bancaja por otros seis millones y una póliza de crédito suscrita con Banco de Valencia por importe de 1,5 millones. La propia auditoría de Valmor realizada por una consultora, destacó, «recomendaba que la firma debió liquidarse por pérdidas«, sin que «tuviera que venir un Gobierno a recatarla».
