Los alumnos o sus padres, si el estudiante es menor de edad, no tienen derecho a decidir ser evaluados en un idioma, castellano o valenciano, diferente a aquel en el que se imparte la materia en cuestión. Ni en centros públicos, ni en colegios concertados por más que se inscribieran en la llamada Red de Centros Docentes Plurilingües de la Comunitat Valenciana. Es la consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ valenciano el pasado 22 de marzo en la que se anula el artículo de la orden de la Conselleria de Educación de 15 de abril de 2011 en la que se otorgaba ese derecho a alumnos y padres, en el marco de la constitución de la citada red plurilingüe.

El artículo 3.5 de la orden contemplaba que en aquellos centros apuntados a ese registro el alumnado «tendrá derecho a realizar las pruebas de evaluación de carácter parcial o final en castellano o valenciano (...) con independencia del idioma en el que se imparta cada una de las áreas, materias o módulos no lingüísticos en las distintas enseñanzas», agregaba la norma ahora anulada.

Escola Valenciana presentó un recurso contra esa orden al entender que daba pie a que áreas impartidas en valenciano por decisión del centro en uso de su autonomía pedagógica acabaran siendo evaluadas en castellano. «Se abría la puerta a que la evaluación fuera en castellano especialmente en los centros concertados», explicó ayer a este diario el presidente de la entidad impulsora de la normalización lingüística, Vicent Moreno. Desde Escola Valenciana instan a la consellera de Educación, María José Catalá, a ser escrupulosa en la vigilancia de que la concertada aplique también a rajatabla la sentencia que anula la orden del exconseller Alejandro Font de Mora. El decreto de plurilingüismo de agosto de 2012 anulaba ya la orden al ser norma de rango superior. Pero Moreno apunta que en la práctica no se respeta en todos los centros que no son públicos. De hecho, la inmensa mayoría de los inscritos en la red plurilingüe eran concertados. La orden de Font de Mora surgió tras el caso de una alumna que suspendió Coneiximent del Medi por contestar en castellano cuando la materia se impartía y evaluaba en valenciano. Su padre protestó.

La resolución del TSJ del 22 de marzo pero no había trascendido hasta que el Consell la publicó ayer en el DOCV cuando era sentencia firme porque el Consell no la recurrió. Escola Valenciana no quiso airear la sentencia para no alimentar la polémica. Ahora celebra que Educación asuma la resolución judicial, como celebró el decreto de Catalá de catalogación lingüística en valenciano de todas las plazas docentes de secundaria.