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El Consell afloró miles de millones de facturas en los cajones sin ningún control

Hacienda revela que Intervención no informó sobre el gasto al margen del presupuesto abonado vía Plan de Pagos Admite al ministerio 2.000 millones más en obligaciones ocultas de lo que declaró en Valencia

El Consell ha sacado de los cajones miles de millones en facturas a través del Plan de Pago a Proveedores, uno de los diferentes mecanismos habilitados por el Gobierno para rescatar a la Administración valenciana. Pero todo ese volumen de gasto y deudas, que existía al margen de la contabilidad presupuestaria, se ha blanqueado sin un informe de la Intervención General de la Generalitat. Esto es, sin el más mínimo control administrativo ni fiscalización previa, tal como ordenan la ley de Hacienda y la ley de Contratos del Sector Público. Así se desprende de una respuesta por escrito del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, a una pregunta parlamentaria del portavoz de Economía del PSPV, Julián López, quien le requirió la copia de los informes emitidos desde enero de 2011 por la Intervención General respecto al registro de gastos y obligaciones pendientes de pago incluidos en la llamada «cuenta 409».

Esta cuenta, a la que el ministro Cristóbal Montoro ha declarado la guerra, es donde las administraciones anotan „cuando lo hacen, ya que la Generalitat se pasó lustros escondiéndolos de todo registro„ los gastos contraídos cuando se agota el presupuesto. Es la «contabilidad financiera», diferente de la presupuestaria. En su respuesta, Moragues explica que la orden ministerial, de 2012, que regula la remisión de información al ministerio en el marco de la ley de Estabilidad detalla el contenido, frecuencia y suministro de los datos, a partir de «unos modelos oficiales de cuestionarios» aprobados por el ministerio, «no existiendo, por tanto, informe expreso emitido por la Intervención General respecto al registro de gastos y obligaciones pendientes de pago en la cuenta 409». En Hacienda consideran que no hay obligación legal de emitir este tipo de informes.

«¿Cómo se puede haber aflorado semejante volumen de gasto oculto sin pasar por la Intervención, sin aplicar los mismos criterios de control y análisis administrativo que al resto de facturas?», mostró ayer su alarma el diputado socialista. Máxime, cuando la magnitud del gasto es astronómica. Según el Plan Económico Financiero 2103 remitido por el Consell al Ministerio de Hacienda, a 31 de diciembre de 2012 había anotados la friolera de 5.537 millones en la cuenta 409.

El afloramiento de facturas para acogerse al Plan de Pagos evidencia, por otro lado, cómo la Generalitat estuvo durante años ocultando estas facturas. Según el Plan de Saneamiento 2013 enviado a Madrid, al cierre de 2009 había 1.619,3 millones en facturas en los cajones. Pero no fue ésta la cifra que reconoció en su día. En junio de 2010, cuando aprobó la Cuenta General de 2009, sólo declaró 74,7 millones. La diferencia, 1.544 millones escondidos.

«Expediente de responsabilidad»

Lo mismo ocurre con 2010. En la Cuenta General se admitieron en su día 36,9 millones; en realidad, según el PEF, hubo 1.437 millones. En 2011, con el afloramiento de facturas puesto en marcha en abril de 2012 a través del Plan de Pagos, comienzan a ajustarse las cifras: 2.218 millones frente a 3.483 reconocidos en el Plan de Reequilibrio. En 2012 vuelven a separarse las cifras: En la Cuenta General solo se reflejaron 3.509 millones cuando según el plan de saneamiento entregado a Montoro eran 5.537. Así, al cierre de 2012 el Consell declaró al ministerio que tenía 2.027 millones más de facturas en el cajón «legal» de las que reconoció en Valencia al aprobar su Cuenta.

La falta de control sobre este gasto no es una cuestión baladí. En el último informe de la Sindicatura referido a 2012, el auditor advierte que la realización de estos gastos «indebidamente« representan «incumplimientos» de la ley de Hacienda, «al adquirirse sin dotación presupuestaria», y de la ley de Contratos, «por prescindirse del procedimiento de contratación establecido». El Síndic va más allá y revela que, sobre las facturas afloradas en Sanidad por 1.748 millones para su incorporación al Plan de Pagos, la directora de la Agencia de Salud incoó en septiembre de 2012 «un expediente de determinación de responsabilidades de las personas que hayan intervenido en la gestión y autorización de las obligaciones». En diciembre, sin embargo, no constaba que el expediente se hubiera resuelto.

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