Tras meses de enroque de la Conselleria de Bienestar Social frente a las protestas, movilizaciones y peticiones de negociación a raíz del copago a los discapacitados por usar residencias, centros de día o centros ocupacionales, ayer se produjo un punto de inflexión. El secretario autonómico de Dependencia, Manuel Escolano nombrado hace tres semanas tras la destitución de Nela García aseguró ayer a Levante-EMV que la conselleria se compromete a asumir un incremento de la cantidad de dinero mínima que conservarán los discapacitados tras abonar el copago ordenado por el Consell de manera individualizada.
Actualmente, con el copago que entró en funcionamiento el 1 de enero a raíz del decreto del Consell, ningún discapacitado ha de pagar más del 90 % del coste del servicio de residencia, pero tampoco puede quedarse con menos de 125 euros para libre disposición (es decir, el 25 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM). En centros de día y ocupacionales, los discapacitados con una renta inferior al IPREM quedan exentos del copago.
Pero esos 125 euros que les quedan a los discapacitados en residencias aumentarán, según prometió ayer el número dos de la conselleria a este periódico y también a los representantes de entidades del sector de la discapacidad. ¿Cuánto más? Manuel Escolano no quiso avanzar ninguna cifra y respondió que el cuánto y el cómo se negociarán en una mesa técnica con los representantes del sector. Pero el objetivo, recalcó, es «minimizar el impacto negativo» del copago sobre la capacidad económica de los discapacitados, así como mejorar el llamado «dinero de bolsillo» de los usuarios con la finalidad de favorecer a las personas con mayor autonomía.
En la práctica, esto supone que la Conselleria de Bienestar Social cobrará menos porcentaje del servicio a los discapacitados. Por tanto, asumirá una parte todavía indeterminada de ese copago determinado por una ley estatal.
Además, Escolano subrayó que la conselleria va a agilizar los procesos de revisión de casos excepcionales y a estudiar las posibles modificaciones normativas necesarias para hacerlas efectivas. El compromiso del nuevo secretario autonómico es «trabajar conjuntamente con el sector, porque es de vital importancia para todos y alcanzar un punto de encuentro para mejorar».
El Cermi destaca el «cambio»
Joan Planells, presidente del Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV), puso ayer de relieve el «cambio» de la conselleria. «Hasta ahora decían que no podían cambiar la orden y se negaban a negociar. No querían ceder en nada», recuerda. Planells ve con buenos ojos que aumente el dinero mínimo que conservan los discapacitados que copaguen residencias, pero explicita otras reivindicaciones. Una de las más importantes es que la recaudación de estas aportaciones las realice la propia conselleria, y no los centros de atención a la discapacidad como contempla la ley y como ya se está practicando, según confirmó Planells. Otra reclamación es «que se adapte la normativa en casos especiales y exista flexibilidad para atender casos indiscriminados».
Por otro lado, la plataforma de las personas con discapacidad quiso hacer público ayer su «profundo agradecimiento» a todos los ayuntamientos, equipos de gobierno, alcaldes, concejales y grupos políticos municipales especialmente a los del PP que, a través de distintas mociones, están apoyando la retirada del decreto de copago. También valoraron el anuncio de la alcaldesa de Valencia de que el ayuntamiento asumirá el coste del copago en sus centros municipales.
