La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no está dispuesta, al menos de entrada, a plegarse a la voluntad del Consell de Alberto Fabra de que modifique la definición de valenciano incluida en su Diccionari Normatiu Valencià (DNV), como así le instó ayer por escrito en un oficio la titular de Educación y Cultura, María José Català. La solicitud se apoya en el dictamen que la consellera adjuntó del Consell Jurídic Consultiu (CJC), conocido ayer en su totalidad y del que ya había trascendido el día anterior que concluye que la definición en cuestión «no se acomoda» al Estatut d'Autonomia y a la ley de creación de la AVL.
La carta de la consellera Català, junto con el informe citado, fue entregado en mano alrededor de las 13 horas de ayer al presidente de la Acadèmia, Ramon Ferrer. Se lo dieron la propia Català y el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, en el despacho de este último.
La hoja de ruta inicial de la AVL era no mover ficha hasta que el pleno valorara los acontecimientos. Finalmente, pasadas las 19 horas, la autoridad lingüística respondió al CJC y al Ejecutivo autonómico. Y fue para aclarar que no se baja del caballo: que «la AVL considera que la definición de valenciano del DNV es plenamente conforme con el ordenamiento jurídico».
Así que, de momento, la entidad que preside Ramon Ferrer no piensa retocar el Diccionari a pesar del «buen tono» del encuentro con los consellers. Tal vez por eso, deja una puerta abierta, ya que el dictamen «será objeto de estudio» una vez que los académicos lo hayan analizado. Posiblemente será en el próximo pleno, aunque la entidad reitera que no piensa alterar su calendario de trabajo por el conflicto sobrevenido.
La Acadèmia fundamenta su toma de posición en el Dictamen sobre la denominación y la entidad del valenciano, aprobado en febrero de 2005 después del episodio anterior de la entrada del conseller Alejandro Font de Mora en el pleno con carácter «prescriptivo» y «oficial» (se publicó en el DOCV), y que determina que «la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares, y el Principado de Andorra», así como otros territorios de la antigua Corona de Aragón.
El mensaje es el mismo que desprende la actual definición de valenciano: «Lengua románica hablada en la Comunitat Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departameno francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de l'Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán».
La postura institucional de la AVL encaja con el comentario extendido ayer en el seno de la entidad: el riesgo de descrédito de esta si se presta a modificar una obra lexicográfica y, por tanto, científica a instancias de la autoridad política, por mucho que esta se apoye en un informe jurídico.
Precisamente, la declaración oficial de la AVL se produjo tras conocer el alcance de este dictamen, extenso, lejano de ambigüedades y contudente con la entidad normativa y sus asesores jurídicos.
El informe del Jurídic y la declaración de la Acadèmia, puestos uno en frente de otro, desnudan la clave del desencuentro. Mientras la AVL insiste en reivindicarse desde la filología ámbito habitual de un diccionario, el Jurídic cuestiona la naturaleza científica de la entidad, ya que, según la ley, sus pronunciamientos tienen «efectos normativos»». O sea, que el Diccionari tiene «carácter normativo», por más que diga la AVL.
En definitiva, el conflicto retrotrae al debate de los orígenes de la Acadèmia y su doble naturaleza: política y lingüística.
