Los tres magistrados que componían la sala consideran probado que el exconseller Blasco maniobró para ocultar el fraude. El escándalo saltó en octubre de 2010 al denunciar el PSPV que se habían comprado pisos en Valencia con ayudas públicas para la cooperación en Nicaragua. La sentencia destaca que "a raíz del escándalo mediático" Blasco decidió dar una imagen de transparecia para lo que optó por "preparar los expedientes, de forma que estuvieran en condiciones de ser sometidos a la exposición pública".
Además, ordenó que cada expediente recogiera una relación de facturas admitidas que acreditaran la ejecución de la subvención y que excluyeran las de los pisos. Despues de excluir las facturas correspondientes a la adquisición de los inmuebles y sus reformas, "se trató de cuadrar las cifras, lo que se hizo de espaldas completamente al contenido de las facturas y de los propios expedientes".
