El plan de pago a proveedores, el mecanismo ideado por el Gobierno para pagar las facturas retrasadas de autonomías y ayuntamientos, no ha resultado ninguna bicoca para los contratistas de obra pública. La letra pequeña de esta medida obliga a las empresas que se acogen a este plan de pagos «renunciar al cobro de los intereses de demora generados por la deuda, las costas judiciales y cualquier otro gasto derivado del impago que haya sufrido».
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Una renuncia que se ha traducido, en la práctica, en una quita que las empresas de obra pública han tenido que aceptar si querían cobrar las facturas retrasadas. Pero las mercantiles que habían cedido la certificación de obra o pagaré endosado a una entidad bancaria, han tenido que abonar los intereses del retraso de la administración en pagar que, en algunos casos «ha llegado a suponer una quita de hasta el 25% o 30% de la cantidad principal». Según la Cámara de Contratistas esta situación ha provocado que en la Comunitat Valenciana las empresas de obra pública hayan tenido que abonar «una quita de 250 millones en intereses» para poder cobrar los 7.000 millones que les debía la Generalitat Valenciana: 4.355 millones de euros correspondientes a facturas pendientes hasta el 2012 y otros 3.245 millones correspondientes a 2013».
El Gobierno central y la Generalitat «sacan pecho vendiendo que han inyectado liquidez, pero los intereses de demora y descuentos bancarios, al pagarlos las empresas, han ido a pérdidas de las mercantiles lo que, en muchos casos, han contribuido a su desaparición».
Los contratistas no entienden cómo «a los ayuntamientos y autonomías incumplidoras y con facturas en los cajones el ministro Montoro les premia exonerándoles del pago de intereses vencidos, que se exigen por la ley de Morosidad, y a los contratistas nos condena con una quita y renuncia de intereses y gastos de descuento a los que teníamos derecho. Ha sido un atraco, un abuso de poder y un abuso del derecho», lamenta la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.
La quita de intereses no ha sido la única medida que ha soliviantado a las empresas de obra pública. Los constructores acusan al Ministerio de Hacienda de «incumplimiento doloso por no publicar en plazo los índices de revisión de precios de los materiales de obra que acarrea gravísimas consecuencias económicas y financieras para el contratista».
La actualización de precios ha llegado a publicarse con 20 meses de retraso. Una actitud que genera sobrecostes en carreteras como las que se ejecutan en la Comunitat Valenciana, con cuatro años de retraso sobre la previsión inicial, por lo que los contratistas creen que «no se facturan a su precio real para que no impacte en los ratios de déficit o deuda». La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), de la que forma parte la Cámara de Contratistas, ha remitido dos cartas, que hoy publica Levante-EM, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, para exponerle esta situación y a las que han recibido la callada por respuesta.
Por si no fuera suficiente, los contratistas añaden, «para confirmar que la contratación pública es una operación de alto riesgo, se ha instaurado desde 2013, con carácter indefinido, un precepto "made in Montoro" que permite a cualquier ministerio reducir las anualidades previstas en los contratos de obra pública, modificar los contratos suscritos o rescindirlos». La Cámara de Contratistas considera que al dotar esta medida de vigencia indefinida «se atenta contra el más elemental principio de seguridad jurídica en un país como España, que ya es percibido como el séptimo país del mundo con más riesgo para invertir».