30 de septiembre de 2014
30.09.2014
Presupuestos del 2015

La Comunitat Valenciana percibirá 776,07 millones de los PGE

La inversión supone un 26,54 % más que la cifra acordada el ejercicio pasado - El Estado distribuirá un total de 13.103,36 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla

30.09.2014 | 13:22

La Comunitat Valenciana recibirá un total de 776,07 millones del Estado procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que supone percibir un 6,9 por ciento del total de las inversiones del Estado en las comunidades autónomas. Esta cifra supone, a su vez, que la dotación presupuestaria del Estado en la Comunitat sea un 26,54 por ciento mayor que en el ejercicio de 2014.

De esta cantidad, 713,64 millones corresponden a los ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que del resto de ministerios llegarán 62,44 millones.

Asimismo, la Comunitat Valenciana obtendrá 55,22 millones del Fondo de Compensación Interterritorial, de un total de 425,81 millones, lo que supone un 12,97 por ciento del total y un 2,52 por ciento más que el año anterior.

COMPARACIÓN ENTRE AUTONOMÍAS

De acuerdo con los datos presupuestarios que ha presentado este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Estado distribuirá en 2015 un total de 13.103,36 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Esta cifra supone un incremento del 8,38 por ciento respecto a los 12.090,63 millones que se aprobaron finalmente en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2014.

En 2015, la comunidad autónoma en la que el Gobierno prevé más inversiones en términos absolutos es Andalucía, que con 1.958,16 millones de euros recibirá un 17,4 por ciento del total. A continuación se sitúan Castilla y León con una inversión de 1.744,26 millones (15,5 por ciento del total), Galicia con 1.385,78 millones (12,3%) y Cataluña, donde el Estado invertirá en 2015 1.072,29 millones, un 9,5 por ciento del total.

Por detrás, y ya por debajo de los mil millones de euros, se encuentra la Comunidad de Madrid con 981,20 millones (8,7%), la Comunidad Valenciana con 776,07 millones (6,9%), Castilla-La Mancha con 570,51 millones (5,1%), Murcia con 425,23 millones (3,8%), Aragón con 396,61 millones (3,5%) y Extremadura con 368,33 millones (33,3%).

El Estado prevé invertir en el País Vasco 364,17 millones (3,2%), en Asturias 333,43 millones (3%), en Canarias 267,92 millones (2,4%), en Cantabria 229,53 millones (2%), en Baleares 138,45 millones (1,2%), en Navarra 96,25 millones (0,9%) y en La Rioja 94,87 millones (0,8%).

Cataluña, entre las cuatro que más reciben
Más allá de su comparación con lo recibido en 2014, la comunidad autónoma en la que el Gobierno prevé más inversiones en términos absolutos es Andalucía, que con 1.958,16 millones de euros recibirá un 17,4 por ciento del total.

A continuación se sitúan Castilla y León con una inversión de 1.744,26 millones (15,5 por ciento del total), Galicia con 1.385,78 millones (12,3%) y Cataluña, donde el Estado invertirá en 2015 1.072,29 millones, un 9,5 por ciento del total.

Por detrás, y ya por debajo de los mil millones de euros, se encuentra la Comunidad de Madrid con 981,20 millones (8,7%), la Comunidad Valenciana con 776,07 millones (6,9%), Castilla-La Mancha con 570,51 millones (5,1%), Murcia con 425,23 millones (3,8%), Aragón con 396,61 millones (3,5%) y Extremadura con 368,33 millones (33,3%).

El Estado prevé invertir en el País Vasco 364,17 millones (3,2%), en Asturias 333,43 millones (3%), en Canarias 267,92 millones (2,4%), en Cantabria 229,53 millones (2%), en Baleares 138,45 millones (1,2%), en Navarra 96,25 millones (0,9%) y en La Rioja 94,87 millones (0,8%).

En el último lugar de la distribución territorial de sector público estatal se sitúan las dos ciudades autónomas. El proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno prevé que ambas reciban un 0,3 por ciento del total, 35,41 millones en el caso de Melilla y 29,53 millones en el de Ceuta.

Estas inversiones del Estado en las comunidades y ciudades autónomas corresponden en su mayoría a partidas incluidas en los ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, debido sobre todo a las inversiones en infraestructuras de transporte que además benefician a más de un territorio.

Comparaciones sesgadas
De hecho, el Gobierno advierte en el proyecto de Presupuestos de que, aunque la territorialización de las inversiones puede resultar útil "como una primera aproximación", existen una serie de limitaciones "importantísimas" que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre años dentro de un mismo territorio estén "frecuentemente sesgadas y resulten escasamente significativas e induzcan al error en las apreciaciones". Y pide así interpretar los datos "con enorme cautela".

Según subraya, una inversión que ocurre dentro de un determinado territorio se imputa a esa comunidad "independientemente del territorio que se beneficia de esa inversión", lo que "introduce un sesgo en la información" sobre todo en lo relacionado con las infraestructuras del transporte.

El Gobierno insiste en que inversiones como ferrocarriles o carreteras benefician "tanto o más a los territorios que unen que a los territorios por los que discurren". "Muchas de las actuaciones del sector público estatal generan efectos positivos para el conjunto del país o para partes amplias de éste. Los datos territorializados ignoran estos efectos", advierte.

Inversiones que finalizan en un ejercicio
Pero además, enfatiza que las comparaciones intertemporales son "con frecuencia poco significativas", ya que muchas de las inversiones públicas tienen un carácter "singular e irrepetible", como por ejemplo un aeropuerto o una línea de alta velocidad. "El inicio de una gran infraestructura elevará de forma importante la inversión en un determinado territorio y su finalización tendrá el efecto contrario --explica--. Pero ni lo uno ni lo otro puede interpretarse como un cambio a corto plazo en el esfuerzo realizado en ese territorio.

También pide tener en cuenta las diferentes realidades físicas de los territorios, que tienen incidencia en las inversiones del Estado. Por ejemplo, las inversiones portuarios son nulas en las comunidades autónomas interiores.

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