A siete meses de las elecciones autonómicas, las presiones del sector conservador del PP han ganado la batalla interna en un asunto muy sensible. En un mes y siete días, el Consell ha pasado de decir una cosa y la contraria en relación a una proposición de ley presentada por los socialistas para combatir la homofobia en la sociedad valenciana. El 12 de septiembre, el pleno del Consell, a «propuesta» de la titular de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, aprobó su criterio favorable a la toma en consideración de la ley impulsada por el PSPV «para la igualdad afectiva de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en la C. Valenciana». Sin embargo, en su reunión del pasado viernes, el Ejecutivo tomó un nuevo acuerdo comunicado ayer a las Corts por el que decide retirar y dejar sin efecto el anterior. Así, la Cámara no debatirá finalmente una ley contra la homofobia, ya que los populares vetarán la toma en consideración.
En el ínterin, una reunión del consejo de dirección del grupo popular de las Corts, celebrada el 1 de octubre, en la que dirigentes del PP exteriorizaron sus críticas al respaldo del Ejecutivo de Alberto Fabra a una iniciativa legislativa sobre el colectivo LGTB. Las presiones del sector conservador del PP han llevado al Consell a una marcha atrás en toda regla.
Se excusan en el ministerio
El Consell, no obstante, justifica la rectificación con una rocambolesca explicación. El Ejecutivo alega que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social emitió un informe sobre la proposición de ley del PSPV el 8 de septiembre. Esto es, antes del primer acuerdo del Consell y su remisión a las Corts, el 19 de septiembre. Pero lo intenta arreglar indicando que, aunque es anterior, tuvieron conocimiento «posteriormente, a finales» de septiembre. El documento, refiere, «pone de manifiesto diversas objeciones e inconvenientes sobre algunos artículos incluidos en la proposición y concluye señalando que el contenido de alguno de sus preceptos 'invade directamente la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, vulnerando el orden constitucional de distribución de competencias'». Por ello, añade, el Consell opta por retirar su apoyo a debatir el texto «en evitación de posibles conflictos competenciales con el Estado».
Un argumento endeble, ya que aceptar la toma en consideración es simplemente permitir que se debata, pudiendo el PP suprimir o cambiar los artículos cuestionados. En el primer criterio, el retirado, el Consell incluso citaba una resolución de la Cámara que lo instaba a «poner en marcha medidas, en todos los ámbitos donde tiene competencias, para garantizar la no discriminación e impulsar la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia».
«Feijóo sí aprobó una ley»
La diputada socialista Modesta Salazar, autora de la proposición de ley, censuró ayer que el presidente Fabra haya «cedido ante el sector ultra del PP» y haya «sacrificado el derecho a la igualdad» de este colectivo. «El veto es ideológico, no competencial», enfatizó Salazar, quien reprochó que Fabra, «que solo está pendiente de su silla y al que le preocupan los corruptos de Madrid pero no los de la C. Valenciana, haya tenido que recular». La diputada recordó que Galicia, con Feijóo en la presidencia, aprobó una ley de igualdad de las personas LGTB y a principios de mes lo hizo también Cataluña.
