Seis valencianos se suman a la querella argentina por las torturas de la policía de Franco

El 22 de septiembre de 1975 Lucila Aragó fue detenida en Valencia por pertenecer al aparato de propaganda del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Estuvo retenida durante varios días en los calabozos de la Comisaría Central de la Avenida Fernando el Católico de Valencia recibiendo todo tipo de agresiones con porras eléctricas, puñetazos y vejaciones. Posteriormente fue juzgada por el Tribunal de Orden Público (TOP) y acabó en la cárcel donde estuvo hasta el mes de diciembre de ese mismo año, un mes después de la muere del dictador. Pasados 39 años no se ha depurado ninguna responsabilidad sobre aquellas torturas realizadas por miembros de la brigada político-social. Lucila y otros cinco valencianos que sufrieron la discrecionalidad del régimen por militar en movimientos democráticos y antifranquistas durante las décadas de los 50, 60 y 70 presentaron ayer otras tantas denuncias en el consulado de Argentina en Madrid para sumarse a la querella contra la dictadura de Francisco Franco que investiga un juzgado del país latinoamericano.

Antonio Moya, Faustino García Cárdenas, Manuel Ortega, Julián López, Josefa Ortega y Lucila Aragó firmaron ayer ante la cónsul de Argentina en España su adhesión a la causa general impulsada desde la Justicia Argentina contra la dictadura de Francisco Franco. Julián López tuvo que sufrir la represión del régimen muchos años antes. Fue detenido en el Puerto de Sagunto en 1959 por repartir octavillas del Partido Comunista y de CC OO en los Altos Hornos y tirarlas dentro del cuartel de la Guardia Civil.

Julián fue arrestado y trasladado a Madrid donde fue juzgado en un consejo de guerra. «Teníamos un militar del régimen como abogado defensor», explica este histórico militante, quien poco le gusta hablar de las torturas porque fueron «brutales». «Las corrientes eléctricas que nos aplicaron me hicieron perder parte de la visión. Otros sufrieron peores consecuencias», relata este represaliado. Julián volvió a ser arrestado por la policía del régimen cuando cayó en 1968 Antonio Palomares, líder del Partido Comunista en la clandestinidad.

Julián considera «una vergüenza» que 44 años después se continúe sin aclarar estas torturas a decenas de militantes valencianos antifranquistas. «Nos molían a palos, eran unas auténticas bestias», recuerda. Julián fue condenado a un año de cárcel en una centro de Madrid donde tuvo que aguantar 40 días en una celda de castigo sin poder salir.

A Antonio Moya lo tuvieron seis días sin beber en los calabozos de una comisaría de Valencia. Su delito, pertenecer al Partido Comunista y repartir panfletos del fusilamiento de cinco antifranquistas a manos del régimen. Fue detenido frente a la estación del «trenet» de Jesús en Valencia el 15 de octubre de 1975. «Me pegaron una patada por detrás y me tiraron al suelo. Entre varias personas armadas me introdujeron en un bajo de la calle Maestro Sosa y me pegaron una paliza hasta que perdía el conocimiento», cuenta este hombre de 65 años y nacido en Córdoba que vino a Valencia junto a su familia siendo un niño.

«En la comisaría me volvieron a pegar. Vomité y cuando me recuperé me trasladaron a jefatura. Allí siguieron las torturas con golpes de porra a las plantas de los pies», denuncia. Fue liberado la misma noche del 20 de noviembre de 1975, el día que murió Franco. Las agresiones de funcionarios del Estado que recibieron él y sus compañeros tampoco han sido aclaradas.

Estas denuncias, que no se centran en ningún nombre concreto, han sido impulsadas por la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos por el Franquismo y serán investigadas ahora por un juzgado argentino. Ayer, la cónsul, según relataban todos los represaliados, les trató con «más cariño y respeto» que el Gobierno español.