Los sucesivos archivos de la investigación penal sobre el accidente del Yak-42 han impedido investigar por qué se confió a una compañía ucraniana que se incluiría más tarde en la lista negra de la Aviación Civil el traslado de los soldados españoles. Y, sobre todo, a dónde fueron a parar los 110.558 euros de diferencia entre lo que pagó el Ministerio de Defensa (149.000) y lo que recibió UM Air (38.442), el operador final del vuelo. «También hemos intentado acceder a la documentación de la cuarentena de vuelos anterior al Yak-42, pero la documentación no ha aparecido en el Ministerio de Defensa o, la que se nos ha facilitado, tenía el presupuesto tachado para que no se pudiera ver la cantidad», explica Francisco Cardona.
Las familias también lamentan que los «responsables políticos de toda la gestión de la tragedia», el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, sólo declararon como testigos en 2008 y fueron «premiados» con el nombramiento como embajadores en Reino Unido y Suecia, respectivamente. De los tres militares condenados por la falsificación de las identificaciones de 30 de los fallecidos, uno falleció antes de entrar en prisión y los otros dos fueron indultados por el Gobierno del PP.
