La investigación de la Fiscalía por la gestión en Feria Valencia desencadenada por un informe de la Intervención General de la Generalitat ha abierto un conflicto de extraordinaria gravedad que enfrenta al Consell con la alcaldesa de Valencia y presidenta el patronato de la entidad ferial, Rita Barberá. La tensión se visualizó ayer en el pleno de las Corts durante el debate de presupuestos. Barberá, que siguió la sesión con semblante serio, tuvo un intercambio de palabras con el conseller de Economía, Máximo Buch, en el que la alcaldesa hacía gestos de desaprobación. El asunto de conversación, según diputados del PP, era la Feria y la delicada situación en que la Intervención, dependiente del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha colocado a la entidad con el informe remitido a la Fiscalía. Hacienda mantiene que el funcionario público no actuó de motu proprio y que la la Fiscalía requirió la documentación que días antes se había difundido en los medios de comunicación.

Previamente, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, primero, y Moragues, después, se ausentaron del pleno durante más de una hora para encerrarse en un despacho a puerta cerrada. Fuentes de Presidencia y de Hacienda aseguraron que se trataba de una cita prevista para despachar temas relacionados con la financiación y los presupuestos. No obstante, otras fuentes admitieron que el de la Feria es un tema que está al rojo y vivo y que Fabra y Moragues están buscando una salida al problema y de paso, aplacar a la alcaldesa que ha elevado al propio Moragues su profundo malestar por la situación. Barberá es presidenta del patronato, pero carece de responsabilidades ejecutivas. No obstante, está preocupada por la estabilidad de la entidad ferial.

La presión sobre Moragues es intensa, según las fuentes consultadas. El presidente, consciente del enfado de Barberá, está pendiente de la evolución del caso y ha requerido en varias ocasiones al titular de Hacienda para que le mantenga informado.

Desde la conselleria se quita hierro a la investigación de la fiscalía y se sostiene que, a pesar de la anomalías que figuran en el informe de la Intervención, no hay base para un recorrido mayor. Incluso se apunta que la posición de la Intervención no está cerrada, ya que existen lagunas que permiten a la conselleria matizar la posición. También se esgrime el dictamen del Consell Jurídic Consultiu que concluyó que la feria es una entidad privada y no pública como la considera la Intervención.

El informe, que se realizó a instancias de una instrucción de la Comisión Delegada Hacienda en 2013, detecta numerosas anomalías, entre ellas, que las obras de modernización y ampliación de la Feria incurrieron en sobrecostes millonarios, por encima 1.000 millones.