Carlos Fabra ha agotado la penúltima bala legal que le quedaba después de que el Consejo de Ministros acordara ayer denegar su petición de indulto. El rechazo del Gobierno a concederle la medida de gracia implica de forma automática que la Audiencia de Castelló ha de levantar la suspensión de la condena y proceder a su ejecución, aunque todavía no puede determinarse cuándo ingresará en la cárcel el ex dirigente popular. Fabra se aferra como última tabla de salvación al recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional; sin embargo, la mera interposición no suspende la condena.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano explicaron que no hay plazos para que se ordene la entrada en prisión de Fabra. El tribunal de la Sección Primera Audiencia de Castelló recibirá próximamente del Gobierno la comunicación oficial de la denegación del indulto. Cuando la reciba, reactivará el proceso de ejecución de la sentencia y citará al condenado para darle traslado. Cuando lo llame, el abogado de Fabra podrá exponer ante la sala nuevos argumentos para tratar de congelar otra vez el ingreso entre rejas. Entre otros, que está pendiente de si el Tribunal Constitucional admite o no a trámite su recurso. De ahí la imposibilidad de aventurar fechas para la entrada en la cárcel del ex dirigente del PP.
Lo que es innegable es que Carlos Fabra se va acercando de manera inexorable a la prisión, pese a la defensa numantina de su abogado, Javier Boix, que está exprimido todas las vías legales a su alcance para evitar o retrasar lo máximo posible el cumplimiento de la condena de cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales.
Decisión que se esperaba
Como se esperaba, el Consejo de Ministros denegó ayer la petición de indulto. Lo anunció ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien detalló que el Gobierno concedió siete indultos y rechazó más de 2.000, entre los que se encuentran el de Fabra y el del expresidente del Sevilla José María Del Nido.
La explicación a semejante cantidad de expedientes es que el Gobierno llevaba cuatro meses sin tramitar indultos, como desveló este diario. La resolución del de Carlos Fabra ha sido por vía exprés, ya que el Ministerio de Justicia recibió todos los informes el pasado 20 de octubre. En apenas un mes, se ha tramitado y denegado, cuando el plazo medio oscila entre cuatro y seis meses.
El rechazo del indulto era previsible, ya que todas las partes (excepto el propio Fabra, respaldado con la firma de 386 afines) se habían opuesto. La Audiencia de Castelló trasladó al Ministerio de Justicia que no concurren motivos de equidad ni de justicia para concederlo. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción incidió en la existencia de un clamor social pidiendo que se ejecute pronto la sentencia. Y la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, subrayó que la concesión del indulto podría generar «una sensación de impunidad» en los delitos contra la Hacienda Pública. A esto hay que añadir la presión social, en forma de decenas de miles de firmas en contra de indulto, y la presión política ejercida por la oposición. También el Gobierno había venido manifestando en reiteradas ocasiones su posición contraria a la concesión de indultos políticos.
Lo que sí que ha conseguido Carlos Fabra es ganar tiempo y dilatar el ingreso en prisión. La solicitud de indulto la registró a finales de agosto y consiguió el objetivo de que la Audiencia Provincial, con el criterio en contra de las acusaciones, decretara la paralización de la condena hasta la resolución del indulto. La decisión de la sala de la Sección Primera fue controvertida, ya que contradijo un acuerdo interno para denegar la suspensión de penas cuando éstas sean iguales o superiores a los tres años de prisión. El propio presidente de la Audiencia, José Manuel Marco, cuestionó al tribunal y señaló que su decisión menoscaba el «prestigio» de la institución judicial.
Ahora la pelota del «caso Fabra» vuelve a la sala de la Audiencia Provincial de Castelló, la misma que lo juzgó y sentenció a cuatro años de prisión y a pagar una multa e indemnización de 1,4 millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública al defraudar casi 700.000 euros. En las próximas semanas, el tribunal reactivará la ejecución de la condena que paralizó mientras se resolvía el indulto.
Once años de «caso Fabra»
El mes que viene se cumplirán once años del estallido del caso, que arrancó a finales de 2003 con la presentación de dos querellas por parte del empresario químico de Artana, Vicente Vilar. Hace más de siete años que Vilar cumple condena en la cárcel por violar a su ex mujer. Carlos Fabra sigue luchando por no seguir los pasos de su antiguo amigo, aunque cada vez lo tiene más complicado tras rechazarse su indulto.
