En un hecho sin precedentes, los diputados de las Corts votaron ayer los presupuestos de 2015, los últimos de la legislatura, bajo la presión de la denuncia judicial que, horas antes, presentó Compromís ante el TSJ por prevaricación y malversación, al entender que contemplan ingresos de hasta 1.230 millones sin garantías de que vayan a recibirse. La demanda se dirigió contra el Consell y los parlamentarios que avalaran el proyecto. Lo hicieron los 54 presentes del PP —todos, salvo el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien no asistió— mientras los 42 de la oposición votaron en contra. Antes de la votación, el síndic del PP, Jorge Bellver, pidió al presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, que, ante «las amenazas de acciones judiciales», que «coaccionan» la libertad de voto de sus diputados, leyera el artículo del Estatuto que consagra que los parlamentarios gozan de «inviolabilidad» por «las opiniones manifestadas y los votos emitidos». Y se leyó.
Con ello, quiso patentizar que la denuncia carece de recorrido, al menos por los diputados. Para Bellver, este es el artículo que permite a la oposición lanzarles «insultos y barbaridades». Compromís, reprochó, solo busca la «traca mediática». Previamente, y tras registrar en el TSJ la denuncia —firmada por todos los diputados de la coalición—, la portavoz adjunta Mònica Oltra explicó que en su escrito se exponen «hechos que pueden ser constitutivos de los delitos» de prevaricación y malversación de los artículos 404 y 433 bis del Código Penal. Éste último, dijo, de reciente modificación, «pensando en Rodrigo Rato y lo que ha pasado en Bankia», ya que «el falseamiento de cuentas puede ser malversación aunque no haya un lucro detrás». Comportan penas de inhabilitación de 1 a 4 años y de hasta 10 años, respectivamente.
«A sabiendas de su ilegalidad»
Oltra acusó al Consell y a los diputados por incluir ingresos «sin cobertura legal» para presupuestarlos, «a sabiendas de su ilegalidad». De los 1.230 millones, 1.178 son el anticipo del Fondo de Competitividad que debería cobrarse en 2017; 201, la tasa a los bancos; y 44, otras tasas no soportadas con medidas. La suma da 1.423 millones.
La coalición se basa en los informes de la Autoridad Fiscal (AIReF), a pesar de que este organismo rectificó su documento inicial para acotar que cuestiona el fundamento legal del Fondo de Nivelación que pidió el Consell para 2014; en cambio, ha borrado las referencias a la ausencia de cumplimiento de requisito legal respecto al Fondo de Competitividad en 2015. Fuentes de la AIReF ya señalon a este periódico que la posición es nítida: El Consell tiene base legal para incluir el fondo en las cuentas de 2015, al margen de que sea un foco de futuro déficit al no estar previsto en los Presupuestos del Estado. Oltra, sin embargo, mantiene que el segundo informe sigue objetando la legalidad. En el pleno, Oltra se dirigió al presidente Fabra para indicarle que no busca «inhabilitar ni llevar a prisión a nadie» y por eso no se personarán como acusación, sino que pretenden que la Justicia determine «qué se puede y qué no se puede hacer». Así, dejan en manos de la Fiscalía la denuncia.
Para el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien reiteró que la AIReF «avala» la presupuestación de este fondo, llevar a los tribunales las cuentas denota «una pobreza política considerable» y es fruto de las «ansias» de llegar al poder «a toda costa».
En la explicación de voto, el socialista Francisco Toledo reclamó una moratoria al copago social «infame» y defendió que dentro de seis meses se abrirá «un nuevo tiempo» en la C. Valenciana. Ignacio (Blanco) señaló que los presupuestos evidencian «el fin de un régimen». Después de tres días, en los que el PP no aprobó una sola de las 2.257 enmiendas vivas de la oposición, las cuentas, que ascienden a 17.191 millones, un 7,2 % más que este año, quedan pendientes de que Montoro apruebe el anticipo de 1.178 millones que sin embargo, tal como informó Levante-EMV, no computarán a efectos de reducir el déficit.
