La Abogacía de la Generalitat propone eliminar 2.000 plazas públicas para mayores dependientes y cambiar este servicio, ahora concertado a empresas privadas, por la Prestación Económica Vinculada (PVS), que no es otra cosa que entregar una ayuda al usuario para que se busque una residencia privada, infinitamente más cara que el dinero recibido en su pensión. Este modelo, que ya se aplica en la Comunidad de Madrid y que la Ley de la Dependencia contempla como excepción, puede expulsar del sistema a las personas y familias de rentas medias y bajas que no pueden cubrir la diferencia entre su prestación (entre 20 y 700 euros) y el coste real (unos 1.500 euros de media).
La Abogacía de la Generalitat ha entregado a la Conselleria de Bienestar Social el informe definitivo para desbloquear el sistema de concertación de plazas de accesibilidad, que ha provocado una enconada batalla en el sector. El documento reconoce que es válido el concurso del año 2001 que permite la gestión de 2.000 plazas públicas a las residencias vinculadas a la familia Cotino y a otras como Novaire, Solimar o La Saleta. El informe tumba las segundas 2.000, que habían venido adjudicándose desde 2008 mediante procedimiento no negociado y sin publicidad porque se entendía que estas empresas tienen «exclusividad» derivada del primer concurso público. La abogacía rechaza este privilegio a las ganadoras del concurso que se comprometieron a construir 6.000 plazas de residencias a cambio de la concertación durante 15 años.
Sobre las segundas 2.000 plazas, la Abogacía de la Generalitat propone dos alternativas a la Conselleria de Bienestar Social para desbloquear el problema. La primera, sacar a concurso público estos conciertos, posibilidad complicada porque las actuales concesionarias ya han anunciado que acudirán a los tribunales y pedirán una indemnización de 200 millones.
Como opción alternativa al concurso público, la Abogacía de la Generalitat propone las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PVS), pero no sólo para usuarios de nueva incorporación al sistema, «sino que no existiría óbice legal alguno a la aplicación de dicha solución ante situaciones de usuarios de residencias concertadas, cuyos conciertos, por motivos sobrevenidos, pudiesen devenir ineficaces o inaplicables por cualquier causa». Es decir, este método privatizador se podría aplicar para eliminar el segundo tercio de las plazas de accesibilidad social.
El abogado público defiende la PVS
Para el director general de la Abogacía de la Generalitat, Emilio Torrejón, que firma el documento, todo son ventajas en la opción privatizadora, posicionamiento que llama la atención en un informe jurídico. «Esta prestación económica presenta la ventaja, para el usuario, de que puede aplicar dicha prestación para elegir libremente el centro de atención residencial acreditado que estime oportuno, sin sujeción al centro o los centros ofertados por la administración en el caso de prestación directa o concertada del servicio», asegura el letrado público.
No plantea, por el contrario, la situación en la que quedan las rentas bajas. Un mayor gran dependiente puede recibir un máximo de poco más de 700 euros al mes. Las plazas que ahora oferta la Generalitat como públicas tienen un coste de unos 1.500 euros de media, un servicio inalcanzable para la mayoría de personas si se aplicaran las prestaciones vinculadas al servicio.
