La polémica generada en Valencia después de que los partidos acordaran en las Corts devolver a los diputados la paga extra íntegra de 2012 que fue suprimida no solo ha supuesto un agravio comparativo con la mayoría de funcionarios, que apenas han recuperado el 25%, sino también hacia los representantes electos de otras administraciones.
Los diputados y senadores en Madrid, por ejemplo, sólo han recuperado el 25% de aquella paga eliminada. Además, los miembros de la Diputación de Valencia también recibieron únicamente el 25%. Según explican la institución, a principios de 2014 se acordó devolver al personal de la casa la parte proporcional de la extra de 2012, que suponía casi el 25%. En ese acuerdo se incluyó también a los políticos, que se la suprimieron en solidaridad con los funcionarios aunque no estaban obligados.
El mayor agravio entre políticos, con todo, se produce respecto al Ayuntamiento de Valencia. Allí también llegó el «recorte solidario» y en julio de 2012 los políticos y asesores eliminaron la extra, como casi todas las instituciones. El año pasado, el Gobierno levantó el pie y los funcionarios de diferentes administraciones comenzaron a recuperar la parte proporcional de la extra. Pero los concejales renunciaron. «Hablamos con el PP y decidimos dejarlo pasar. No valía la pena exponerse a las críticas por el 25% de la extra», señalaba un concejal de la oposición socialista. De hecho, según recordaban desde EU, pretender cobrar aquel dinero hubiera tenido cierta complejidad legal. Aunque los concejales no recibieron la extra de 2012, el dinero no se quedó en las arcas locales sino que fue donado vía modificación presupuestaria a ayudas sociales de emergencia. Sí cobraron los asesores, que son funcionarios eventuales eventuales.
En la Diputación de Alicante, por su parte, el personal laboral y los funcionarios han recibido la parte correspondiente de aquella extra entre octubre de 2014 y enero de este año. No así los políticos. «Renunciaron entonces y no está en el ánimo de los partidos reclamar», explicaban ayer. Lo que hicieron PP y PSPV allí fue, en lugar de quitarse una extra, reducirse las 14 nóminas proporcionalmente.
¿A qué se debe la diferencia entre políticos de unas administraciones y otras? Básicamente, a que tanto la supresión de la extra como su recuperación han sido una decisión política. En cuanto a las cantidades de dicha extra percibida, la diferencia estriba en que en la diputación o el ayuntamiento, los políticos decidieron suprimirse la paga en el mismo momento en que entró en vigor el recorte a los funcionarios. Se asimilaron a ellos. El decreto es del 14 de julio, con lo que los empleados públicos habían generado derechos económicos para la extra de fin de año durante 44 días, desde el 1 de junio, cuando empieza a computar. Eso hizo que la decisión del Gobierno haya sido devolver el equivalente a esos 44 días, que es casi el 25% de la extra.
Por contra, el decreto del Gobierno no era de aplicación directa a los parlamentos autonómicos. La ejecutó la Cámara, a instancias de Fabra, pero lo hicieron oficial a final de año. Por aquel momento, ya se habían generado derechos sobre la extra de prácticamente el 100%. Se aplicó el recorte a los funcionarios de la casa y los políticos se sumaron en gesto de solidaridad. Ahora, cuando la Cámara ha acordaron reintegrar la extra a los empleados, los políticos también se han sumado al reintegro de esa extra íntegra.
Marcha atrás de la oposición
Así lo adelantó el sábado Levante-EMV, una noticia que ha puesto en un brete a la oposición en plena era de la austeridad. El sábado el PSPV, Compromís y EU se desmarcaron del acuerdo, alegando que fue un malentendido o asegurando, en el caso de los dos últimos, que se siente engañados por el PP y que en la reunión se acordó otra cosa: que el reintegro se produciría en las mismas condiciones y en el mismo momento que a los funcionarios de la Generalitat. La oposición pretende llegar a una fórmula con la Cámara para devolver el dinero.
Quien no se movía ayer era el PP. El síndic Jorge Bellver criticó que la reacción de la oposición forma parte de «su forma de hacer». «Si no hubiera habido noticia no renunciarían», aseguró. Además, insistió en la legalidad del acuerdo, con una cantidad que se presupuestó y con la que se asimila la situación de los diputados al resto de empleados de la Cámara, que es a quien se equipararon. Desde el PP, de momento, no tienen intención de sumarse a la devolución del dinero, aunque Presidencia ha guardado silencio este fin de semana a preguntas de este diario y Fabra aún no se ha pronunciado sobre la decisión de su grupo.
