El juzgado de instrucción número 4 de Moncada ha condenado a un protésico dental que ejercía como odontólogo en Meliana por considerarlo responsable de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de intrusismo profesional.
Según consta en la sentencia, facilitada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV), que denunció los hechos, el condenando realizaba, desde el 20 de noviembre de 2013, en una clínica ubicada en Meliana, actos propios de odontólogo, a pesar de carecer del título académico exigible para el ejercicio de esta profesión.
El Ministerio Fiscal pedía para el acusado la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros por un delito de intrusismo, y 6 meses de prisión y otros tantos de multa, con la misma cuota de 6 euros diarios, por un delito de falsedad.
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia descubrió el caso y presentó una querella por intrusismo profesional ante los tribunales, al considerar que las actuaciones del protésico ponían en riesgo la salud de sus clientes.
El colegio informa en un comunicado que el acusado reconoció los hechos en sede judicial y admitió que no estaba debidamente titulado para la labor que estaba ejerciendo.
Según las mismas fuentes, también ratificó que había estado realizando trabajos propios de un odontólogo, como tratamiento, visitas odontológicas y toma de medidas bucales para la realización de prótesis, y que en el local disponía de instrumental y medios propios de un dentista a pesar de no serlo.
En la sentencia queda también probado que el acusado emitió una factura, por un importe de 300 euros, cuya firma se atribuía a una odontóloga colegiada sin su consentimiento.
El presidente de ICOEV, Enrique Llobell, recuerda a los ciudadanos la necesidad de corroborar que el profesional que presta una atención bucodental es un dentista colegiado, ya que de lo contrario, advierte, "además de ser ilegal implica un serio riesgo para la salud del paciente".
El colegio señala asimismo que en los últimos años ha denunciado y llevado al juzgado numerosos casos de intrusismo profesional "dado que suponen un evidente riesgo para la salud" de la ciudadanía, y ha realizado campañas de divulgación para alertar y concienciar sobre este problema.
