La Administración Central mantiene bloqueados 230 millones de euros en inversiones que figuraban en los presupuestos generales de 2015 y que siguen sin ser adjudicados cuando aparentemente el Gobierno ha dado ya por cerradas las cuentas públicas de 2015, según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que detecta cómo algunas obras pasan de un presupuesto (2015) a otro (2016) sin que hayan sido licitadas.
Según el citado informe, en los Presupuestos Generales del Estado des de 2015 (PGE) las distintas cabeceras del sector público empresarial, entre las que se encuentran gigantes como Adif, Renfe o Acuamed, entre otras, programaron partidas por un valor de 634,74 millones de euros para «inversiones reales». Sin embargo, según la liquidación provisional de las sociedades públicas que figura en los PGE, el propio Gobierno admite que invertirá tan solo 401,46 millones de euros, 230 millones menos de lo presupuestado.
La realidad de estas cifras evidencian todavía más el «agravio» inversor del Gobierno con la Comunitat Valenciana y convierten el ligero incremento de las inversiones del sector público estatal „ de 783,33 millones en 2015 a 879,23 millones en un fiasco, ya que al menos 211,2 millones son inversiones de 2015 que pasan «íntegramente» a 2016.
«Sorpresas» en carreteras
Sin embargo, el análisis pormenorizado de los presupuestos de 2016 arroja otras desagradables sorpresas para los intereses valencianos.
Según Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas se incluye «inadecuadamente» como Conservación y Mantenimiento en la dirección general de Carreteras una partida de 62 millones de euros que en realidad corresponde al pago aplazado de la Autovía A-31 (tramo Bonete-Alicante) finalizada en 2012 y otorgada en concesión que habrá que seguir pagando hasta el 2026.
Según el citado informe, «en la mejor de las situaciones, la dirección general de Carreteras destinará para obras nuevas (licitadas en iniciadas en 2016) una inversión de tan solo 8,581 millones par la anualidad 2016, mientras que en obras paralizadas y reanudadas y carreteras en uso se emplearán 28,68 millones.
Entre esta obras que han estado paralizadas y que ahora aparentemente se retoman figuran el Acceso Sur al Puerto de Castelló; las variantes Peñíscola, Benicarló, Vinaròs o la A-35, en la Font de la Figuera, que pese a se un punto negro de la red viaria, ha sufrido sucesivas modificaciones de anualidades, paralizaciones parciales y ralentizaciones en 7 años de obras.
«Es inaudito como se puede programar una obra„inicialmente prevista para ejecutar en tres años y medio „ para finalmente ejecutarla en 12 años», subraya Miñés.
Otro tanto ocurre con la Variante de Cullera y Favara iniciada en 2007 con un plazo de cuatro años y ocho meses que, si se cumplen las nuevas programaciones, se irá a los 13 años de duración.
El informe de la Cámara de Contratistas detecta que con frecuencia se «inflan artificialmente» las inversiones de los presupuestos de 2015 con obras que en realidad son «el pago» de trabajos ya finalizados en el 2015.
