«Mi misión no es ser un perseguidor moral; no soy partidario de los excesos, ni de ir por ahí presumiendo de lo ético, pero la ley debe cumplirse». El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, se expresó ayer en estos términos en declaraciones a Levante-EMV en las que aclaró su postura a cuenta de los contratiempos y la fricciones generadas en la Generalitat por la aplicación de la ley de transparencia en lo relativo a la difusión del patrimonio de los altos cargos.
El conseller aseguró que hay tiempo de sobra para cumplir con la ley y restó importancia al dato de que hasta ahora el portal de transparencia sólo contenga información relativa a tres cargos de la conselleria, en los que está incluido el propio conseller, el primero en dar el paso. Alcaraz matizó que en realidad ya son diez los altos cargos que han presentado su declaración de bienes y patrimonio (hay que incluir también a quienes como el presidente Puig o la vicepresidenta Oltra son diputados y lo han hecho en las Corts) y explicó que el paso dado por su departamento no perseguía ni dar ejemplo ni poner en evidencia al resto de consellers. «He sido el primero porque quisimos poner a prueba el sistema», indicó Alcaraz, que señaló que el proceso de difusión de los datos tiene cierta complejidad y es, junto con otros factores, la causa del retraso. El conseller admitió que hay altos cargos que le han mostrado sus recelos a que se divulguen datos personales y se mostró comprensivo ante circunstancias concretas. Así, mantuvo que no se airearán datos confidenciales como el domicilio particular, sobre el cónyuge o la cuenta bancaria. «Es evidente que el derecho a la intimidad debe prevalecer, pero esto no puede ser una excusa para que la ley no se cumpla», advirtió. Alcaraz no tuvo reparos en divulgar parte de datos de su cuenta (con varios dígitos borrados), en los que se identifica el banco. «Al menos „bromeó„ los ciudadanos sabrán que no tengo cuentas en Suiza». Eso sí, el conseller fue contundente sobre la necesidad de cumplir la ley en cuanto a la divulgación de la renta y el patrimonio, tanto en el momento del nombramiento, como en el del cese y con actualización anual.
Indicó que es consciente de que en este proceso su conselleria tiene la lupa encima, pero lo consideró «positivo». «En una época en que la crisis y la corrupción ha generado la cultura de la sospecha hay que ofrecer el máximo de transparencia para que se vuelva a confiar en la política», manifestó. «Para conseguir este objetivo no me importa mostrar el máximo de datos posibles», apostilló. «Mi gran trabajo es conseguir que el 9 de octubre los 44 puntos de publicidad que recoge la ley estén activos». Y recordó que la ley la aprobó el PP y se quejó de que no hizo nada para desarrollarla, un trabajo que «tendremos que hacer en tres meses».
El PP ya ve opacidad
Desde el PP, sin embargo, el coordinador de Política Social del PP en las Corts, y vicesecretario general, José Juan Zaplana, acusó al Consell de haber «cambiado la transparencia por la opacidad a las primeras de cambio». Zaplana se refirió a la «resistencia» de los altos cargos «más preocupados por los espías que han surgido del mestizaje que de gestionar y dar ejemplo» e instó al Consell a cumplir la ley.
