La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tiene sobre la mesa la sentencia sobre la que cimentar el principio del fin del conocido como modelo Cotino de concertación de plazas de dependencia, una de sus promesas a su llegada al Palau de la Generalitat. La sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado una resolución de la conselleria del área, fechada en 2013, en la que adjudicaba a dos empresas la concertación de plazas de accesibilidad social para mayores dependientes en Moncofa y Vila-real.
La resolución no tendría más repercusión que la anulación del contrato sino fuera porque los magistrados entienden que el proceso seguido está viciado en origen ya que se basa en una interpretación «contraria a derecho» de la cláusula de exclusividad que en su día se firmó con las empresas adjudicatarias para crear hasta 9.000 nuevas plazas de dependientes, cifra que se rebajó después a 6.000.
El entonces conseller Rafael Blasco firmó en 2001 un contrato especial para crear hasta 9.000 plazas residenciales para personas mayores y dependientes. Las empresas adjudicatarias garantizaron la creación de residencias en todo el territorio de la Comunitat a cambio de la garantía del Consell de concertar con ellos un tercio de las plazas de accesibilidad social. El resto serían de libre designación y la conselleria podía concertar con otros centros siempre que se hubiera cubierto este tercio.
La cláusula de exclusividad
La sentencia conocida ayer, y dictada el pasado 13 de enero, reconoce, sin embargo, que la cláusula de exclusividad se reinterpretó después por el mismo Blasco hasta ampliarse, primero a un 100 % de las plazas y después a dos tercios del total, lo que significaba garantizar el total de 9.000 copando el mercado y cerrando la puerta al resto de empresas. Las nuevas concertaciones de plazas que, desde entonces, se han venido realizando desde la administración siguen este criterio por lo que para, adjudicarlas, solo se llamaba a realizar ofertas a las firmas adjudicatarias del contrato especial de 2001 excluyendo al resto.
Este «perversión» en la interpretación de cuántas plazas debían garantizarse a las empresas adjudicatarias lleva varios años poniendo en pie de guerra a las empresas del sector ya que consideraban que se estaba beneficiando al grupo inicial de forma fraudulenta. Del total de las 9.000 plazas originales, el 40 % están gestionadas por la firma Centros Residencial Savia, formada por una decena de empresas entre las que figura Sedesa, vinculada al sobrino del expresidente de les Corts Juan Cotino.
La sentencia dictada por el TSJ entiende que, en concreto en este caso de 2013, no se debería haber optado por un procedimiento negociado sin publicidad solo con dos empresas ya que estaba basado en una ampliación de los términos de exclusividad que, en principio, no debía existir. La sala estima así el recurso que interpuso la Asociación de Empresas de Recursos para la Dependencia contra la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
Los actuales responsables de Igualdad reaccionaron ayer a la sentencia asegurando, en primer lugar, que no había intención de recurrirla (no es firme y puede llevarse ante el Supremo en casación), y que se iba a abrir un proceso para «reordenar el sector» ya que, con esta interpretación de la norma se «daba preferencia a ciertas empresas», según aseguró ayer la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas.
Oltra tiene ahora la oportunidad de aplicar y ampliar la resolución judicial y empezar a resolver las concertaciones de plazas teniendo en cuenta, ahora así, a todas las empresas del sector.
La exconsellera del área Asunción Sánchez Zaplana, del Partido Popular, ya intentó poner orden y rebajar al tercio inicial las concertaciones de plazas con el aval de un informe de la abogacía a su favor pero el intento quedó en agua de borrajas ante las pretensiones de las empresas adjudicatarias de reclamar indemnizaciones millonarias. Ahora, el fallo del TSJ les deja con menos argumentos para hacerlo.
77 millones en contratos
Desde Aerte, la patronal de las residencias de la tercera edad, cifraron ayer en casi 77 millones los euros contratados desde 2009 sin procedimientos abiertos bajo el paraguas de la ampliación de la cláusula de exclusividad.
«La conselleria no puede seguir resolviendo ninguna petición de plaza concertada de la manera que está haciendo hasta ahora», reclamaron ayer desde la asociación poniendo el acento en que ahora, con la sentencia en la mano, podría empezarse a aplicar ya una contratación «más ajustada a la legalidad».
Aerte destaca además que esta perversión del contrato inicial ha traído como consecuencia, por una parte, el cierre de algunas pequeñas y medianas residencias, incapaces de acceder a las subvenciones de plazas y, por otra, el impedir a las personas la libre elección de centro.
