Durante los últimos días, varios consistorios de la Comunitat Valenciana han mostrado su rechazo a las políticas que la Unión Europea está adoptando a la hora de acoger arefugiados. Si el martes fue Gata de Gorgos el municipio que hizo público que retiraba las banderas de la Unión Europea y las guardaba en un almacén como medida de protesta, ayer Castelló anunciaba una decisión parecida.
La bandera de la UE instalada en lo alto de la fachada del ayuntamiento de la capital castellonense ondea a media asta desde ayer, en señal de luto y como «repulsa» al acuerdo que negocia la Unión Europea con Turquía, que entre otras medidas contempla la «devolución» de refugiados cuando lleguen a las fronteras europeas.
Castelló se declaró el año pasado ciudad refugio dispuesta a acoger asilados y próximamente colgará en la fachada de su consistorio una pancarta con el lema «Refugees Welcome», como ya lo hizo Madrid, y como también informó ayer que lo hará Barcelona.
Otros municipios como Sant Vicent del Raspeig se posicionaron en la misma línea. Toda la corporación acordó arriar la bandera de la UE de la plaza del Ayuntamiento en una decisión tomada dos horas antes de celebrar una concentración de repulsa. Y así la mantendrán mientras no se modifique ese preacuerdo. El alcalde, Jesús Villar, reconoce que se trata de un tirón de orejas «porque la UE está haciendo las cosas mal».
El ejemplo cundió y en Elx la bandera de la UE fue descolgada de la fachada del consistorio cinco minutos antes del comienzo de la concentraciónen de protesta prevista a las ocho de la tarde. Y volverá a colgarse hoy. El alcalde, Carlos González, declaraba su rechazo «al pacto indecente e ilegal de la UE sobre los inmigrantes sirios». El mismo gesto de descolgar las banderas lo tuvieron en Monòvar y en Gata de Gorgos, donde la bandera está arrumbada en un cuarto. Pero no todos los alcaldes consideran el gesto adecuado y en muchos casos no se han planteado actuar contra los símbolos de la institución europea.
Es el caso de Alicante cuya corporación emitió un comunicado de rechazo al preacuerdo e instan a la UE a cumplir el derecho de asilo que contempla la Constitución Europea.
