El Consell quiere ofrecer protección integral a las víctimas de violencia de género «desde el minuto cero» sin esperar a que haya una denuncia de maltrato de por medio. Así lo adelantó ayer la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que anunció que su departamento propondrá modificar la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer para permitir a las víctimas acceder al paquete de ayudas desde el momento en que obtengan un certificado acreditativo de atención especializada emitido desde la Dirección General del Instituto de las Mujeres sin esperar a la denuncia judicial.
El objetivo, según explicó Oltra, es dar cobertura al «desfase» que se registra entre las mujeres que dan una primera voz de alarma en maltrato y las que, finalmente, se deciden a poner una denuncia. Según la vicepresidenta, las cifras hablan de la necesidad de una actuación urgente: en 2015, en la Comunitat Valenciana, 37.811 mujeres llamaron al teléfono de atención a víctimas de violencia de género y tan solo hay 12.696 denuncias.
«Hay un desfase entre las mujeres que solicitan información, acuden a los Centros Mujer 24 Horas o a servicios sociales municipales, que inicialmente piden un SOS, y las denuncias». De hecho, según apuntó la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas no habían presentado una denuncia contra su agresor.
25.000 maltratadas no denuncian
Oltra aseguró que el objetivo es «llegar a esas 25.000 mujeres que, sin haber llegado a poner denuncia, están en una situación de violencia de género». La vicepresidenta realizó el anuncio en la reunión de la Comisión Interdepartamental para combatir la violencia de género que llevaba cinco años sin ser convocada. «El hecho de esta omisión durante 5 años ya da una idea de la importancia que el gobierno del PP le daba a un problema social tan grave como es la violencia de género», añadió.
La ley actualmente reconoce el acceso de las víctimas, gracias a este certificado, a algunos derechos como la atención integral y especializada, la asistencia jurídica gratuita o la asistencia sanitaria, pero no es suficiente para acceder a una vivienda de la red pública de la Generalitat o a los derechos laborales que se reconocen a las trabajadoras públicas víctimas de este tipo de violencia, para lo que era necesario una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal.
