El caso Terra Mítica. del que hoy se ha conocido la sentencia, fue el primero de los macropocesos de corrupción que se han juzgado en Valencia. La causa por el supuesto fraude en el parque temático tiene 40.000 folios y la Audiencia Provincial citó a 330 testigos, entre los que no ha estado el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana. Los procesados estaban acusados de delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsificación en documento mercantil. El ministerio público formuló acusación contra 38 personas, pero dos fallecieron y contra seis de ellas se ha sobreseído el caso. Además, pedía la condena contra 25 empresas como responsables civiles subsidiarias.
Eduardo Zaplana, que fue alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994, impulsó en 1997 la construcción del parque temático que costó al erario público más de cuatrocientos millones de euros. La compra de los terrenos del parque ya estuvo envuelta en polémica, aunque la investigación de la Fiscalía de Valencia se centró en los sobrecostes durante la construcción con un supuesto fraude con facturas falsas por trabajos no realizados. La Fiscalía destacó el papel en la trama del empresario Vicente Conesa, que ha sido relacionado con otros escándalos del Partido Popular. Conesa dirigía las empresa C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos.
La instrucción del caso comenzó en el año 2005 a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria. El perito de Hacienda que investigó durante más de dos años las cuentas de Terra Mítica advirtió al juez que las veinticinco empresas bajo sospecha defraudaron en dos años un total de 4,4 millones de euros con las facturas falsas. El juez dejó en un primer momento fuera del caso a los primeros directivos del parque, pero la Audiencia de València ordenó en 2011 que se reabriera la causa contra ellos.
El escrito de acusación de la Fiscalía precisaba que el 27 de enero de 1998 se constituyó la sociedad Parque Temático de Benidorm para la construcción de Terra Mítica. Los accionistas eran la Generalitat y los principales bancos y cajas de la de Comunitat Valenciana.
La Fiscalía sostenía que Miguel Navarro "el hombre elegido por la Generalitat para poner en marcha la Ciudad de las Artes de Valencia y Terra Mítica" y Justo Valverde, excuñado de Zaplana, entraron en contacto con Vicente Conesa para contratar trabajos fuera del control de la empresa «con la intención de lucrarse a costa de los accionistas de Terra Mítica». La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, incidía en su escrito de acusación en que los tres procesados «idearon un plan que les permitía por un lado sacar del control de la gerencia y de la dirección facultativa una parte de la construcción del parque, y por otro conseguir un gran número de facturas que pudiesen ser aceptadas por el departamento financiero».
