La exgerente de Acuamed para Valencia y Cataluña, Gracia Ballesteros, confirmó al juez Eloy Velasco, que investiga el escándalo de las adjudicaciones de la empresa pública, el pago de dos millones de euros a las adjudicatarias de la presa que debía construirse en la rambla Gallinera para evitar el riesgo de inundaciones que sufre la población de Oliva.

La presa„una escollera, según la declarante„ no se construyó por supuestos problemas de cimentación argumentados por las empresas adjudicatarias y avalados por la dirección de Acuamed en Madrid. Sin embargo , se certificó el pago de 2 millones de euros.

Tal como informó Levante-EMV el pasado 22 de enero, la presa, adjudicada a las empresas Sogeosa y Torrescámara, está por construir mientras que algunas infraestructuras asociadas al proyecto„desvío de barrancos y cauces„ si se ejecutaron, lo que agrava, según los expertos, el riesgo de inundaciones en el municipio de Oliva que afectan también a la N-332.

El acceso a las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de Gracia Ballesteros, ingeniera de Caminos que trabajó como gerente territorial en Acuamed en Valencia, ha confirmado el pago de dos millones de euros por una escollera que «no existía», en el contrato para la presa de la Rambla Gallinera.

«Fui a la obra, y no había escollera», señaló ante el juez que investiga los contratos presuntamente fraudulentos en esta empresa pública ligada al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Pese a ello, Acuamed había certificado esas «unidades inexistentes» de dicha obra. «Era fácil de detectar que era falso», precisó Ballesteros, que fue cesada de su puesto como gerente de la cuenca del Júcar y, finalmente despedida en julio de 2015

Su impresión, defendió ante el juez, es que fue cesada como una represalia por negarse a dar el visto a bueno al «montaje» y a las prácticas fraudulentas de Acuamed a pesar de que recibió presiones por parte del principal acusado en la trama y entonces director general, Arcadio Mateo.

Presiones

Gracia Ballesteros declaró que sufrió presiones por parte del empresario Nicolás Steegmann, contratista que llegó a disponer de «una valoración interna» antes de la licitación de la obra de la conducción Campello-Mutxamel que, según el relato de la ingeniera, le facilitó Mateo.

«Le pregunté que cómo tenía esa hoja porque es una documentación interna y absolutamente confidencial», explicó en su declaración ante el juez, añadiendo que en dicha valoración la empresa de Steegmann salía mal parada y éste le espetó que «eso no podía ser». De hecho, le facilitó un modelo de valoración hecho por él mismo, «de su casa».

Ballesteros desveló que durante esa conversación el empresario pasó a amenazarla: «Me dijo que conocía a mucha gente, que era íntimo amigo de la directora general, del ministro, y que iba a destrozar mi carrera profesional», declaró.

También afirma que Mateo se puso «violento» con ella por no «tratar bien» a algunas de las empresas contratistas porque «eran amigos suyos». Ante todas las diferencias con el director general, finalmente la «mantuvieron al margen» de todas las adjudicaciones.

Antes de ser despedida en junio de 2015, envió una carta al entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para poner en su conocimiento la «irregularidades» en Acuamed. Y le solicitó que tomase medidas para que cesaran estas prácticas así como el «acoso» hacia ella, pero Ramos ocupó un nuevo cargo en la vicepresidencia del Gobierno sin intervenir.