La Generalitat recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que suspende cautelarmente la decisión del Consell de limitar las prácticas en centros sanitarios públicos a universitarios de la rama sanitaria de la Universidad Católica de Valencia (UCV).
Según ha informado hoy la Generalitat, el Gobierno valenciano "respeta" la decisión adoptada por el órgano judicial pero anuncia que, a través de la Abogacía, interpondrá un recurso de reposición ante el auto basándose en distintos hechos y fundamentos jurídicos.
El Consell ha asegurado que, desde el primer momento, "está ordenando racionalmente la situación, ajustando al nuevo marco legal vigente las prácticas de Ciencias de la Salud en los centros del sistema sanitario público y resolviendo las irregularidades existentes".
La Administración, añade, ha velado en todo momento por los intereses del alumnado para que todos aquellos estudiantes de centros privados que hayan iniciado sus estudios puedan concluirlos.
La Generalitat asegura que respeta la decisión judicial adoptada pero añade que debe "mantener el respeto absoluto a la normativa vigente", entre la que destaca la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Esta norma, indican las mismas fuentes, impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer un trabajo en su horario laboral -tutelar a estudiantes- para centros privados, y asegura que el hecho de que dicho profesorado prestara sus servicios en horario de trabajo para alumnos de un centro privado había originado una situación "anómala y manifiestamente irregular".
Asimismo, añaden que existe un nuevo marco normativo al cual se debe ajustar la Administración, el Real Decreto 420/2015, de obligado cumplimiento, que obliga a reformular los conciertos entre las universidades y la Administración para regular las prácticas.
Ese real decreto, en su disposición final tercera, establece que "un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación".
Por ello, agregan las mismas fuentes, "procedía una urgente reorganización ajustada a la legalidad, a las necesidades formativas y con respeto a todas las universidades".
Recuerdan además que tanto la Conselleria de Sanidad como la de Educación han tratado, en distintas reuniones con las universidades públicas y privadas (una de ellas el pasado 25 de julio), de regularizar estas situaciones "manifiestamente irregulares, como es la obligación de este nuevo Gobierno".
El objetivo, añaden, ha sido la búsqueda de soluciones conjuntas con todas las universidades, para "intentar corregir una situación a todas luces irregular" y "ordenar racionalmente" el marco de formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud de las universidades privadas, ajustado a la norma.
A ello se suman otra serie de irregularidades que se están resolviendo, como los convenios de colaboración vencidos y sin vigencia, circunstancia que se puso en conocimiento de la Universidad Católica de Valencia el 31 de mayo de 2016, que "no ha sido objeto de alegación alguna por parte de la citada universidad".
También destaca la Generalitat la "inexistencia de comisiones mixtas, como las que sí existen en las universidades públicas", que permite un marco de relación transparente y de diálogo entre las dos partes.
A ello se suma la realización de prácticas en hospitales públicos sin participación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), órgano competente en la materia; o el nombramiento de profesorado sin pasar por procesos reglados y selectivos mínimos.
En el recurso que interpondrá la Abogacía de la Generalitat se documentarán y fundamentaran debidamente todas estas argumentaciones, añaden las mismas fuentes.
El Gobierno valenciano ha subrayado que la prioridad durante este proceso ha sido siempre "velar por el interés de los estudiantes" y por que se garantice la calidad de la formación que se imparte en las prácticas en los centros e instituciones sanitarias públicas.
Concluye que la Administración autonómica continúa trabajando para cumplir con su compromiso de garantizar que todos los estudiantes matriculados con anterioridad al curso 2016-2017 en universidades privadas puedan realizar sus prácticas en centros sanitarios.
