Al igual que en su día hizo el expresidente de las Corts Juan Cotino, el socialista Jorge Rodríguez defendió ayer que Víctor Sahuquillo ha «metido la pata, pero no la mano» (en realidad, el popular lo dijo al revés en un lapsus a la salida del juzgado que investiga la visita del papa). El presidente de la Diputación de Valencia no zanjó ayer pues el futuro del cogerente de Divalterra. Quizá suceda hoy.

Según ha podido saber este diario, Rodríguez, quien hasta el último momento ha defendido que Sahuquillo «ha cometido torpezas pero no es grave ni un corrupto», podría recibir la dimisión del hasta ahora cogerente de la empresa pública a lo largo del día. Este ya habría manifestado a su círculo más próximo su voluntad de dar un paso a un lado.

No obstante, el presidente de la corporación provincial explicó ayer que «no ha hecho nada grave» y que no veía razones para que Sahuquillo «no continúe al frente» de Divalterra junto a Agustina Brines, cogerente designada por Compromís.

Aún así, la situación en la firma dependiente de la diputación, heredera de Imelsa, uno de los grandes focos de corrupción del PP de los últimos años, se ha tornado «insostenible». Tanto, que PSPV y Compromís se han puesto las pilas para liquidar cuanto antes la empresa, o al menos reformarla hasta tal punto que quede irrelacionable con la antigua Imelsa y la actual Divalterra.

Como publicó ayer Levante-EMV, la idea es vaciarla de competencias. «Con menos áreas y menos trabajadores, no va a hacer falta tanto cargo de mando», detalló Rodríguez. Sería una manera de dar una salida digna y discreta a Sahuquillo, con un despido «en diferido» (la diputación quiere la voladura antes del verano, cuando empieza la temporada de incendios).

En este sentido, una posibilidad es que el cogerente pasara a ser coordinador de las brigadas forestales de Divalterra si estas se integran finalmente en el Consorcio de Bomberos. Sin embargo, esta opción se daba ayer por descartada. Así quedó reflejado en la comida que Rodríguez mantuvo ayer con los otros ocho diputados provinciales del PSPV y en la que el caso Sahuquillo estuvo encima de la mesa.

«De momento se está trabajando con los servicios jurídicos para ver cómo se va a hacer la remodelación de Divalterra», fue lo que explicó Rodríguez en su comparecencia matutina. Compromís mantiene una postura clara: el conflicto con el cogerente debe zanjarse antes de tomar cualquier reforma de Divalterra, a la que no se cierra.

La remodelación, no obstante, no cuenta con el agrado del resto de socios de gobierno: Rosa Pérez (EUPV) y Roberto Jaramillo (València en Comú). Ambos diputados abogan por la desaparición de la empresa pública y la incorporación de los trabajadores a la corporación. «El gobierno del cambio no puede caer en prácticas éticamente reprobables», apuntaron.

Mª Carmen Contelles (PP) acusó a Rodríguez de mantener a su hombre de confianza a costa de la incertidumbre de 700 empleados.