La Conselleria de Justicia ha conseguido acabar con la situación de atasco que se producía con los informes que realizan los servicios del Gabinete Psicosocial de los Juzgados de Familia de Valencia, según fuentes de la Generalitat. Así, el departamento que dirige Gabriela Bravo ha destinado 360.000 euros para que los expedientes tarden solo tres meses en tramitarse frente a los más de nueve que eran necesarios hasta el año pasado por estas fechas.
Estas evaluaciones son realizadas por psicólogos y necesarias en los casos en los que unos padres demandan la custodia de menores, y también se usan para determinar qué progenitor es el más adecuado para ostentar la guardia y custodia y qué régimen de visitas es el más conveniente para el menor. A fecha de 27 de diciembre quedan 23 expedientes pendientes de elaboración cuando, a finales del año 2015 el número de expedientes sin resolver ascendía a 250, indicaron estas mismas fuentes.
El mayor atasco estaba en los juzgados de la ciudad de Valencia donde se detectaban los mayores retrasos a la hora de elaborar esos informes, sin los cuales los jueces no pueden resolver los casos de divorcio en los que está en cuestión la tutela de los niños.
El gabinete psicosocial adscrito a los Juzgados de Primera Instancia de Familia de Valencia está compuesto por ocho psicólogos y un trabajador social y dependen orgánicamente del Instituto de Medicina Legal. Vista la situación de demora y para descongestionar la situación, la conselleria activó el pasado año un plan de choque que expedía los expedientes a peritos psicólogos colegiados.
