Educación externaliza parte del servicio de traducción de textos por 900.000 euros

La Conselleria de Educación del tándem Compromís-PSPV, por primera vez en la historia, va a externalizar parte del servicio de traducción y corrección de textos al valenciano que atiende las necesidades de toda la Administración de la Generalitat y sus entes autónomos como el Consorcio de Museos o Ferrocarrils de la Generalitat.

Lo hará contratando a una empresa de traductores y correctores a razón de más de 900.000 euros al año, según se desprende del concurso público que licitó el pasado viernes por un total 1.878.800 euros (IVA incluido) durante dos años.

El director general de Política Lingüística de la Generalitat, Ruben Trenzano, justifica la privatización de parte de este servicio al señalar que «la actual plantilla de 30 traductores y correctores» con que cuenta su departamento «es insuficiente para responder al incremento de peticiones de todas las consellerias y entes de la Generalitat ante el impulso que hemos dado al valenciano en la Administración autonómica».

Aunque la licitación ha sembrado la inquietud entre los traductores y correctores de la conselleria, Trenzano recalca que el objetivo de la externalización «es ampliar y mejorar el servicio». «Necesitamos liberar a parte de nuestros técnicos lingüísticos de la corrección y traducción de textos para que realicen tareas de promoción y dinamización lingüística», apunta en relación al Plan de Acompañamiento e Impulso del Valenciano entre los trabajadores de la Administración de la Generalitat.

Trenzano detalla que el resto de autonomías bilingües (Galicia, Cataluña, País Vasco e Illes Balears) «ya contratan con empresas externas la traducción y corrección de textos». «Trabajos rutinarios como la traducción del BOE, la documentación de las campañas electorales o de la Renta, o simplemente traducir el catálogo de un museo consumen muchos recursos que podríamos estar dedicando a la promoción activa del valenciano», argumenta.

Promoción lingüística activa

Explica que el propósito es mantener parte del servicio de traducción y corrección, «para documentos que por su confidencialidad deben de tratarlos los funcionarios, como los borradores de decretos, cartas, etc...», y derivar el resto a la empresa contratada. «Esto nos permitiría dedicar a 15 de nuestros técnicos a potenciar el plan de acompañamiento lingüístico, por ejemplo en la Administración de Justicia, donde todo está por hacer, o a crear todo un repositorio de documentos para facilitar el uso del valenciano e incluso hacer cursos de coaching lingüístico».