Las Corts Valencianes han aprobado esta mañana con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos la ley de función social de la vivienda, una norma que es la primera que el Consell del Botànic aprueba en esta legislatura por iniciativa del Gobierno y que ha tenido que esperar año y medio para ponerse en marcha. La aprobación ha coincidido con un abrazo de la consellera de Vivienda, la socialista María José Salvador, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís.

La Ley afectará al usufructo de las casas de los bancos y permite la expropiación de las vacías en caso de que se produzca un desahucio, en caso especialmente de bancos, aunque la ley también afecta a grandes tenedores, es decir más de diez viviendas. La ley dará cobertura a los particulares para que pongan sus viviendas a disposición de la red de alquiler autonómica. El Consell Jurídic Consultiu ha puesto pegas de inconstitucionalidad.

El PP ha votado en contra al considerar que es una norma "Frankenstein". La diputada Elisa Díaz ha mostrado desde la tribuna un dibujo de Frankenstein con los colores de los partidos del Botànic.

Salvador ha asegurado que esta ley "marcará un antes y un después en las políticas de acceso a la vivienda en la Comunitat" y ha añadido que el paso que ha dado el Gobierno valenciano "tiene como objetivo situar a nuestra autonomía entre las sociedades más avanzadas en la protección de los derechos de las personas". "Queremos que la vivienda sea un pilar más del Estado del Bienestar, después de la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones y con esta ley damos ese paso", ha apuntado Salvador.

Durante la sesión, en la que han estado presentes como invitados los miembros del Consell Assessor que ha colaborado con el Gobierno valenciano en la redacción de este texto, la consellera ha agradecido el trabajo realizado por las entidades que han trabajado en este órgano como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la confederaciones de asociaciones de vecinos y consumidores, Amnistía Internacional, representantes del ámbito jurídico y universitario así como los colegios de abogados y registradores o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias porque "hemos querido trabajar conjuntamente para conseguir el máximo consenso posible", ha indicado.

Según ha explicado Salvador, esta ley "sitúa a la vivienda en el centro de las políticas del Gobierno valenciano" y ha añadido que va en la línea de la Nueva Agenda Urbana que salió de la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Habitat III. "Esta ley es un punto de partida para una nueva política de la vivienda que no está basada en la especulación, sino en las personas; para que deje de ser un bien de lujo y pase a ser un bien al servicio del interés general", ha apuntado antes de añadir que "será un instrumento de transformación para consolidar una sociedad más inclusiva, más justa y más equitativa".

El objetivo fundamental de la ley es "hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada" porque la vivienda "supone un proyecto crucial en la vida de muchas personas y este derecho a pesar de estar recogido en la Constitución no se había desarrollado su aplicación, esta ley supone convertirlo en un verdadero derecho"

La ley prevé mecanismos para movilizar el gran stock de viviendas vacías en la Comunitat y que asciende a unas 500.000, para ello, se regulan una serie de medidas para evitar que los grandes propietarios de vivienda o las entidades bancarias permitan una prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada. El objetivo es poder garantizar las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad.

En este sentido, se establecerán diferentes registros como el Registro de Viviendas Vacías donde se inscribirán todas aquellas viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución. También se creará el Registro de Oferta y de Demanda donde los particulares que podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.

Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitado durante un periodo superior a dos años, solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidos las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler para particulares, los que están pendientes de partición hereditaria, los afectados por traslado temporal, entre otros.